Los dirigentes de las entidades rurales le harán entrega en mano al nuevo Ministro de Asuntos agrarios, Julián Domínguez, el mismo petitorio que el 31 de julio le llevaron al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

Estos son sólo algunos de los temas que perjudican al sector, los cuales no se agotan en esta presentación, dice el petitorio.

SECRETARÍA DE AGRICULTURA: Fortalecimiento de este espacio institucional que es el lugar natural en donde deben discutirse las políticas referidas al sector, y avanzar en la creación del ministerio respectivo.
Apertura real y permanente de las exportaciones para los cereales, oleaginosas, carnes, lácteos y todos los productos de las economías regionales.
Analizar y modificar las políticas comerciales agropecuarias que distorsionan los mercados tanto internos como externos. Para ello acotar los poderes de:

ONCCA: Su objeto debe ser la fiscalización y control de la comercialización agropecuaria, velando por la transparencia, y la libre concurrencia en los mercados de los operadores. Deberá publicar periódicamente la información referida a los asuntos de su incumbencia.

No será función del organismo, la regulación o limitación comercial interna o externa de productos de origen agropecuario.

Eliminación inmediata de las Res Nros. 42/08, 543/08 y 7953/08 y todas aquellas normas que distorsionan los mercados.

SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR: Eliminar las intervenciones que restringen y distorsionan la libertad de comercio.

Eliminación inmediata de todos los acuerdos firmados sobre diversos productos agropecuarios, habida cuenta de su fracaso y en consecuencia el grave perjuicio generado para los consumidores y los productores agropecuarios.

AFIP: Devolución inmediata de los saldos de IVA a toda la cadena agropecuaria comercial. Retrotraer al sistema de carta de porte anterior en la actividad primaria. (Campo-Acopio).

Amortización acelerada para la compra venta de maquinaria agropecuaria.

DERECHOS DE EXPORTACIÓN: Eliminación inmediata de dicho gravamen para los productos y derivados del: Trigo, maíz, sorgo, girasol, lácteos, carnes y para todos los productos de las economías regionales.
Disminución de los derechos de exportación de la soja al 25%, disminuyendo una quinta parte por año hasta su eliminación total.
Crear un sistema que recomponga el precio al productor por el efecto de las retenciones para las primeras 700 Tons de cada productor y un bono para pagar impuestos a las ganancias con la producción de 701 a 1.500 Toneladas.
Estas medidas deben ser realizadas en conjunto con la apertura de las exportaciones para que tengan un impacto positivo en el productor.
Generar las condiciones para el normal funcionamiento de los mercados futuros y coberturas.

EMERGENCIA AGROPECUARIA: Declaración de emergencia y/o desastre agropecuario a nivel nacional de todas las regiones afectadas por factores climáticos adversos con el correspondiente decreto de exención impositiva.
Reprogramación de créditos vencidos y a vencer durante el período que dure la emergencia y financiamiento para recomponer el capital de trabajo.

GANADERÍA: Suspensión por un año de la resolución que prohíbe la faena de animales livianos.
Liberación inmediata total de las exportaciones de vacas categoría D, E y F y menudencias.
Liberación inmediata de las exportaciones de los novillos pesados.
Incentivos fiscales y crediticios a la producción ganadera y en particular a la cría.
Liberación inmediata de las exportaciones de cueros.
Tope de compensación a los Feet Loot en 1000 cabezas, tendiendo a la eliminación total de los mismos.

AGRICULTURA: Instrumentar la apertura permanente de los Registros de Exportación. Que compitan libremente los distintos actores del mercado.

MAIZ: Promocionar la siembra de maíz campaña 09/10 mediante compensaciones para la compra de semillas y fertilizantes, hasta 500 hectáreas.

LECHERÍA: Apertura y normalización de las exportaciones. o Derogación de los precios sugeridos a salida de fábrica, garantizando un precio mínimo para el productor de $ 1,25 por litro de leche.
Devolución del fondo adjudicado a los productores por la misma resolución.

ECONOMÍAS REGIONALES: Creación de un ámbito específico para tratar las particularidades de cada producción.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA: Contemplar refinanciaciones a los productores con dificultades para cumplir con sus compromisos financieros, suspendiendo las acciones judiciales y adecuando las exigencias de pago a la posibilidad de cada productor.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FAMILIAR: Recuperar su rol de espacio en el que deben generarse las políticas tendientes a permitir el desarrollo de los pequeños productores

CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2008: ¿Qué pasó? ¿Resultados?

Los dirigentes agropecuarios aguardan la invitación del nuevo Ministerio de Agricultura, para la prometida reunión con Julian Domínguez, confirmó el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), Ricardo Buryaile.

"Aparentemente el encuentro con el flamante ministro sería mañana, pero no nos confirmaron nada por ahora", dijo Buryaile y confirmó que llevarán el mismo petitorio que le entregaron al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el 31 de julio pasado, última cumbre agro-Gobierno, pero con algunos puntos más.

"No sólo que no cambió nada de aquel pedido sino que empeoraron algunas cosas. Por ejemplo la ley de emergencia sancionada que derogó la ley 22913 no fue reglamentada, entonces ahora en el campo estamos sin emergencia. Los 500 millones para la sequía nunca se aplicaron. La promesa de los 200 pesos por cabeza de novillo y la devolución de las retenciones al trigo y al maíz brillan por su ausencia", agregó Buryaile.

Ante este escenario, el campo no pierde las esperanzas de que la reunión con Domínguez traiga el aire fresco que el sector está esperando desde hace tiempo, aunque siguen los reparos.

"Si bien es bueno que haya un ministerio del sector agropecuario, ahora hay que ponerle contenido porque ya nos 'comimos' muchos amagues; ojalá este no sea un anuncio más y que de una vez por todas este Ministerio delinee las políticas agropecuarias", dijo Buryaile.

Tres delincuentes vestidos de traje robaron este domingo 150 mil pesos de la tesorería del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, ubicado en el barrio porteño de San Telmo.

Según informó el vocero de la Policía Federal, Néstor Rodríguez, el hecho ocurrió a las 10 en la avenida Paseo Colón 922 cuando en el lugar "había entre cinco y siete empleados y tres personas bien vestidas se hicieron pasar por funcionarios del Ministerio. Cuando lograron que el personal de seguridad los hiciera pasar, los amenazaron con armas y los encerraron en un recinto".

Los ladrones se dirigieron directamente a la tesorería y violentaron una caja fuerte donde había 150 mil pesos, según el recuento que efectuó esta misma tarde el encargado del área.

Los ladrones revisaron en total tres oficinas, pero a pesar de que había computadoras y gran cantidad de documentación, sólo se llevaron el dinero, que pertenece al pago de impuestos que se efectúa en una especie de banco de la cartera de Agricultura.

Cuando los custodios lograron salir de su encierro, avisaron a la Policía y al ministerio concurrió personal de la comisaría 22 y el juez federal subrogante Marcelo Martínez De Giorgi, quien efectuó una inspección ocular.

En pocos días se han producido cambios profundos en las estructuras ministeriales vinculadas al funcionamiento económico del país. La antesala a los enroques formalizados fue la aceptación de la renuncia del (ex) secretario de Industria, Fernando Fragio. Desde hoy el ministerio de la Producción pasa a llamarse Ministerio de Industria, donde continuará a cargo Débora Giorgi. La decisión se conoció a través del Boletín Oficial vía el decreto 1.368/2009.

Al mismo tiempo, también se conoció el cambio de presidente en la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA). El Gobierno nacional desplazó a Emilio Eyras y designó en su lugar a Juan Manuel Campillo, un contador allegado al kirchnerismo de Santa Cruz. Como vicepresidenta se desempeñará Paola López.

Si bien los nombramientos se produjeron en el marco de la creación del ministerio de Agricultura, que estará a cargo de Julián Domínguez, el 10 de septiembre pasado Eyras se vio sospechado por el pago de una compensación irregular por $10 millones. El entonces titular de la ONCCA, después de haber firmado las resoluciones de pago y que la irreguralidad tomara estado público, denunció el caso ante la Justicia.

La historia de Campillo
Hasta agosto pasado, Campillo se desempeñaba como ministro de Economía de la provincia de Santa Cruz. Este funcionario terminó por renunciar a su ministerio acusado por diputados provinciales de la oposición de violar normas contables y tomar un crédito sin autorización legislativa previa.

El equipo de Giorgi en Industria

• Secretario de Industria, Comercio y PYME: Eduardo Bianchi


• Subsecretario de Industria: Héctor Osvaldo Alonso


• Subsecretario de PYME Y Desarrollo Regional: Horacio Gustavo Roura


• Subsecretario Coordinación (de Industria): Rodolfo Herman Herms


• Secretario de Turismo: Carlos Enrique Meyer [ratificado]


• Subsecretario de Turismo: Daniel Pablo Aguilera


• Subsecretario Técnico-Administrativo de Turismo: Juan Guillermo Brooks

Nuevos funcionarios del Ministerio de Agricultura

• Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca:  Lorenzo Basso


• Secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familia: Carla Campos Bilbao


• Secretaria de Relaciones Institucionales: Andrea García


• Subsecretario de Pesca y Acuicultura: Norberto Yahuar [ratificado]


• Subsecretario de Ganadería: Alejandro Lotti

El nuevo secretario de Industria
Eduardo Bianchi ocupará el puesto que dejó vacante Fraguío. El nuevo secretario tiene 54 años, es licenciado en economía (UBA) y especialista en Relaciones Económicas Internacionales. Posee una maestría en economía de la New York University, trabajó para la Organización Mundial de Comercio y es profesor universitario.

Bianchi está identificado como un cuadro técnico del peronismo. Durante la estadía de Georgi como ministra de Producción de la Provincia de Buenos Aires fue su subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales. Hasta su designación en Industria, terminará sus funciones como actual subsecretario de Política y Gestión Comercial.

Finalmente, el gobierno bonaerense cedió ante la presión y acordó ayer con las entidades del campo de la provincia acotar el aumento del impuesto inmobiliario rural y suspender el gravamen al movimiento de cargas en los puertos. Fue como resultado de una reunión de casi cinco horas entre ruralistas y el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Rafael Perelmiter, en la que se firmó un acta en la que se expresó el consenso para fijar un tope máximo del 39% para el incremento del inmobiliario rural y repartir la suba en cinco zonas según criterios productivos. La provincia tampoco aplicará el revalúo 2005, cuestionado por los productores agropecuarios y dejará sin imposición las mejoras productivas -galpones, silos, establos- de menos de $ 100.000.

Subas por zonas

El esquema al que arribaron las autoridades y los productores divide la provincia en cinco zonas, que tributarán entre el 20 y el 39%, y una sexta quedará exenta. Un modelo similar ya había sido usado por el ex gobernador Felipe Solá para determinar el anterior aumento a las propiedades rurales.

No pagarán inmobiliario rural los 12 distritos más castigados por la sequía: Adolfo Alsina, Saavedra, Torquinst, Patagones, Villarino, Puan, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Coronel Dorrego, Bahía Blanca, Coronel Rosales y Guaminí.

Donde más se pagará es en la zona A -aumentará el 39%-, conformada por distritos, como Alberti, Chacabuco, Chivilcoy, Colón, Escobar, Mercedes, Pergamino, San Nicolás, San Pedro y Suipacha. La zona B, que abonará el 37%, está integrada, entre otros, por 9 de Julio, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen.

En la zona C, a la que le corresponderá una suba del 35%, están: Balcarce, Gonzales Chaves, General Alvarado, General Pueyrredón, Benito Juárez, Lobería, Necochea, San Cayetano, Tandil y Tres Arroyos.

La zona D, que pagará un 33% más en 2010, está integrada por 25 de Mayo, Azul, Bolívar, Cañuelas, Chascomús, Daireaux, Lobos, Navarro, Olavarría, Pellegrini y Tres Lomas, entre otros partidos.

Por último, la zona E, que soportará una suba del 20%, contempla los municipios del conurbano, la zona deprimida de la cuenca del río Salado y la costa atlántica.

Marcha atrás en Tres Arroyos

El distrito de Tres Arroyos, que había quedado exento del impuesto inmobiliario rural por un acuerdo político (el oficialismo había conseguido así el voto del diputado tresarroyense Pablo Garate), ahora deberá afrontar un alza del 35%, acordaron ayer autoridades y productores.

Julián Domínguez asumirá hoy en el flamante Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Y el primer dato que saltará a la vista en la ceremonia es que la cúpula de la Mesa de Enlace aplaudirá su juramento en el mismísimo Salón Blanco de la Casa Rosada. Una postal que el gobierno nacional no conseguía hace muchísimo tiempo, a pesar de que los ruralistas se reservan una buena dosis de cautela ante los anuncios.

Un primer análisis de la jugada deja entre el tendal de perdedores a: el renunciante Carlos Cheppi, que nunca pudo ni supo hacer valer sus indiscutibles conocimientos en el área; a Débora Giorgi, cuya repetición infinita de cifras enojó, y mucho, al jefe de Gabinete (que ayer, picante, dijo “no por eso estoy desmereciendo la tarea de la ministra de Producción, que la ha hecho, seguramente, con la celeridad y vocación que ha podido”); y a María del Carmen Alarcón, que asumió la pomposa Secretaría de Integración Nacional hace tan poco con la obligación de ayudar a destrabar el enfrentamiento que desde hace 18 meses sostiene el Gobierno con los productores rurales.

Si hay lo que se dice un ganador en el movimiento político, ése es Aníbal Fernández, el mentor, el padrino político del nuevo ministro. El que se llevará los aplausos si la gestión de Domínguez consigue, primero, desmarcarse de lo actuado por Guillermo Moreno y Ricardo Echegaray (que desde la jefatura de la AFIP controla a la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario); después, sepultar el conflicto insistente con el agro, y, finalmente, trazar lo que todos reclaman: un plan.

El equipo de Domínguez, por ahora, no está del todo confirmado. Aunque sí se sabe quiénes ocuparán los dos cargos siguientes en importancia dentro del orden jerárquico del ministerio. El viceministro será el hasta ahora decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires: Lorenzo Ricardo Basso. Y en la Secretaría de Coordinación, que se creará para la ocasión, estará la intendenta de la localidad bonaerense de Florentino Ameghino, Andrea García. El resto se definirá entre mañana y el lunes, pero es de suponer que Carla Campos Bilbao, esposa del intendente de Moreno, Andrés Arregui, conservará la Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Forestal (aunque podría tener a varios funcionarios por encima de ella).

La noticia de la asunción del ex intendente de Chacabuco, que dejará la vicepresidencia de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, no sorprendió ayer a los dirigentes reunidos en la Comisión de Enlace. De hecho, estaba en suspenso hacía casi un mes, pero había sido confirmada por este diario hace varias semanas. Hoy al mediodía, los ruralistas despuntarán el vicio y se reunirán antes de volver a la Casa Rosada. “Corresponde que vayamos por cortesía. Ojalá tengamos el espacio y la decisión política del Gobierno para los cambios que piden todos los productores”, se esperanzó, ayer, el presidente de Coninagro, Carlos Garetto.

La comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados despachó ayer el proyecto de ley del Impuesto Inmobliario Rural tomando como base las sugerencias del campo y las propuestas de los legisladores de las dos cámaras, lo que garantiza pronta sanción.

El texto podría aprobarse la semana que viene, cuando sesione Diputados. Para el campo, el proyecto, tal como quedó, “es una propuesta superadora a lo que planteó el Poder Ejecutivo” según sintetizó el dirigente de la Federación Agraria, Alfredo Bel.

Al término de la reunión, Bel aseguró que la redacción que alcanzó la comisión “es un punto intermedio” entre lo que pretendía el campo y lo que impulsaba el Poder Ejecutivo y centró las diferencias en el plazo para comenzar a aplicar el revalúo, ya que tal como está despachado, se cobrará a partir de este año, mientras la dirigencia agropecuaria había pedido un par de años de gracia.

A su vez, observó que ahora el proyecto “es más razonable” para el segmento de productores pequeños aunque admitió que por eso “también quedaron más expuestos los más grandes”.

Por su parte, el presidente de la comisión, Jorge Bolzán (PJ) precisó que el despacho "profundiza" la progresividad y destacó la mecánica de trabajo como los aportes de los distintos sectores. Acerca del dictamen detalló que los segmentos 1 y 2 no pagarán en el 2009 pero el segmento 1 tampoco lo hará en el 2010.

El domingo pasado, a su regreso de la gira por el exterior, la presidenta Cristina Fernández se reunió en horas de la tarde con Domínguez para el rearmado del nuevo ministerio.

Las conversaciones continuaron el lunes y ayer hubo reuniones previas al viaje de la presidenta a Paranacito, y a su regreso continuaron las tratativas en la residencia de Olivos.

En principio el ministerio tendría cuatro secretarías. La Secretaría de Agricultura y Ganadería, a cargo de Lorenzo Basso, actual decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y la Secretaría de Producciones Regionales y Desarrollo Rural, con Carla Campos Bilbao, no sólo ratificada en su cargo sino ascendida en sus funciones.

La Secretaría de Pesca y Acuicultura estaría a cargo de Norberto Yahuar, también ratificado en su puesto por Cristina Fernández. Estos dos últimos organismos tienen, hasta ahora, rango de subsecretaría. Por último, se sumaría al organigrama de Agricultura la flamante Secretaría de Integración Nacional, con María del Carmen Alarcón a la cabeza.

También se estudiaría una quinta secretaría que tendría las funciones de divulgación sobre las actividades y programas del futuro organismo.
Faltaría definir en las próximas horas el destino del Órgano Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA). Julián Domínguez había pedido exclusivamente hacerse cargo del organismo de control.

De ganar la partida Domínguez, Emilio Eyras, actual presidente del ONCCA, se alejaría de su puesto y llegaría Juan Manuel Campillo, ex ministro de Economía y Obras Públicas de la provincia de Santa Cruz. De esta manera se le buscaría dar al organismo un cambio de aire frente a las denuncias que recibió en las últimas semanas, según revelaron fuentes del sector.

También habría cambios en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), hoy en manos de Jorge Amaya. Respecto del Ministerio de Producción, con Débora Giorgi a la cabeza, cambiaría de nombre por Ministerio de Industria y Turismo.

La última vez que Agricultura tuvo rango de ministerio fue durante el gobierno de facto de Roberto Viola en 1981, por un lapso de nueve meses. Por ese entonces puso al frente a Jorge Aguado, un hombre ligado al sector agropecuario.

Reunión

Los integrantes de la Comisión de Enlace, se reunirán mañana para evaluar los cambios en la Secretaría de Agricultura, así como renovar el pedido de audiencia con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Hace quince días le habían mandado una carta.
También se retomarán los reclamos del sector especialmente en lechería y en la ayuda a productores afectados por la sequía.

Cristina Kirchner analizó posibles cambios en la secretaria de Agricultura en una reunión que mantuvo este lunes con la secretaria de Integración Regional, María del Carmen Alarcón, y con Carla Campos Bilbao, subsecretaria de Producción Agropecuaria y Forestal, quien en los últimos días sonó como posible reemplazante de Carlos Cheppi.

Los encuentros se sucedieron en medio de la insistente versión sobre la posible transformación de la Secretaría de Agricultura en ministerio, aunque hasta el momento la Casa Rosada nunca confirmó oficialmente la decisión de dar vida a una nueva cartera ministerial.

La creación del nuevo ministerio es evaluada por el gobierno como una respuesta al largo conflicto que el Gobierno mantiene con el sector agropecuario, que tuvo su punto de mayor tensión el año pasado, durante la puja por las retenciones móviles. 

Desde que los trascendidos comenzaron a dar vueltas por los pasillos de la Casa de Gobierno, el nombre de Campos Bilbao -esposa del intendente kirchnerista de Moreno, Andrés Arregui-, fue mencionado como una de las elegidas para ascender casilleros.

Las reuniones de Fernández de Kirchner con Alarcón y Campos Bilbao, confirmadas por fuentes oficialistas, incentivaron las expectativas en torno a un posible anuncio en el área.

A más de quince días del anuncio hecho por Cristina de Kirchner, el campo espera la reglamentación del sistema que llevará a cero la carga de retenciones impuesta sobre los pequeños productores de maíz y trigo. Pese a no haber sido bien recibida por la Mesa de Enlace, la medida es el principal incentivo generado hasta ahora por el Gobierno para impulsar a los cereales. También se aguarda la apertura permanente de las exportaciones.

«Se está trabajando en las resoluciones, y próximamente saldrán publicadas. Que los productores se queden tranquilos», indicaron fuentes del Ejecutivo a este diario. El trabajo corre por cuenta de la ministra de Producción, Débora Giorgi; la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), que comanda Emilio Eyras; y la Secretaría de Comercio Interior de Guillermo Moreno.

En rigor, como ocurre con todo anuncio vinculado al campo, en el Ejecutivo no tenían previsto lanzar medidas sin la presencia de Cristina de Kirchner en el país. La Presidente reaparecerá esta semana tras su viaje a Estados Unidos. «Toda la semana los equipos técnicos, tanto del sector público como del privado (molineros-exportadores), estuvieron trabajando en el tema de apertura de exportaciones; había que modificar una resolución del trigo, pero eso ya está terminado. En las próximas horas, la medida estará publicada en el Boletín Oficial», aseguró a Ámbito Financiero María del Carmen Alarcón, titular de la Secretaría de Integración Nacional.

El viernes 11 de este mes, la Presidente lanzó el anuncio de «retenciones cero», al mismo tiempo que dio a conocer el convenio -rechazado por las entidades del campo- que el Ejecutivo firmó con la Cámara de Exportadores de Cereales (CEC) y los molinos harineros para abrir las ventas de cereales al exterior. De hecho, Giorgi ya informó a su par brasileño, Miguel Jorge, que la Argentina liberará este año 1,3 tonelada de trigo para la exportación. Aun así, Brasil necesita mucho más de ese grano.

Mientras tanto, con la problemática del campo desplazada ahora de la agenda política y mediática, los agricultores esperan conocer la letra chica de los subsidios prometidos, que funcionarán bajo el sistema de compensaciones que distribuye la ONCCA. La medida afecta la próxima campaña, por lo que no influye en el caso del trigo, pero sí para el maíz, cuya siembra está arrancando con una intención de apenas 1,875 millón de hectáreas, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Se trata de una baja del 23% respecto del año pasado. La soja es la ganadora ante el retroceso del resto de los cultivos.

Las esperadas «retenciones cero» se aplicarán sobre pequeños agricultores, lo que es definido por el Gobierno como aquellos que generan hasta 1.240 toneladas de maíz y 800 toneladas de trigo por campaña. Suman el 95% del total, según cálculos del Ejecutivo. Las retenciones se seguirán cobrando al que exporta (el 23% en el caso del trigo y el 20% para el maíz). La novedad radica en que los productores pequeños deberán empadronarse y luego recibirán en sus cuentas bancarias sumas equivalentes a las retenciones aplicadas sobre las ventas que puedan comprobar.

Este sistema no es bien visto por la Mesa de Enlace, que recuerda que ya se aplica en forma similar para el pago de compensaciones a tamberos. «Nos quitan, para luego devolvernos, pero con condicionamientos», argumentan fuentes del agro. Critican además las exigencias que impone el Estado para cobrar el dinero (se piden datos detallados del productor), advirtiendo que este filtro corre por cuenta de Moreno.