Al primer Estado argentino lo sacude un déficit que, para el fin de este año, se calcula en cinco mil millones de pesos. Esta situación complica enormemente a Daniel Scioli, cuya gestión es materia de crecientes críticas no sólo dentro de la oposición sino también dentro de las filas del kirchnerismo. Scioli necesita, por lo tanto, el apoyo inexorable de la Nación. Por eso debió tragarse el sapo de forzar la renuncia de quien fuera, hasta el miércoles de la semana última, su ministro de Asuntos Agrarios, Emilio Monzó. “Lo hizo echar Néstor Kirchner”, confirmó, con tono ufano, alguien que habita la Casa Rosada. La humillación política a la que los Kirchner vienen sometiendo al gobernador de la provincia de Buenos Aires parece no tener límites. Es, en definitiva, la repetición de aquellas otras que le hicieron padecer cuando el ex motonauta era vicepresidente de la Nación.

El pecado del renunciado ministro Emilio Monzó fue el de haber abierto un canal de diálogo con los sectores del campo. No es que se hubiera desmarcado totalmente de la línea establecida por el Gobierno nacional. Tanto es así que había sostenido, incluso, el controvertido veto de la Presidenta a la ley que declaraba la emergencia agropecuaria en 22 distritos del interior bonaerense. Lo que tenía de diferente Monzó era que abría la puerta de su despacho a los dirigentes del sector agropecuario para escucharlos y dialogar con ellos, así como también visitarlos en sus respectivos distritos. Esto fue demasiado. “Nunca tuve la confianza de Néstor Kirchner”, reconoció el hoy desplazado ministro. Si su salida produjo inquietud en el sector, la designación de su sucesor causó un desasosiego aún mayor. El nuevo ministro, Ariel Franetovich, quien hasta ahora se venía desempeñando como intendente de Chivilcoy, es un hombre que responde al ministro del Interior, Florencio Randazzo. Como tal, tuvo una dura postura contra la Mesa de Enlace en todo el episodio de la Resolución 125.

Solucionar el problema de miles y miles de productores pequeños es algo que al Gobierno no le interesa. Su único objetivo es que la protesta continúe y, a través de ella, el sector se desgate y se divida. Estuvo a punto de lograrlo el jueves pasado. Fue durante la reunión que la Mesa de Enlace tuvo en la sede de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Allí, la Federación Agraria (FAA) sostuvo la necesidad de prolongar el paro. Esto fue producto de la presión enorme y creciente que ejercen las bases, en las que el nivel de descontento y bronca crece día tras día. Las otras tres entidades –es decir la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro y CRA– se opusieron. La FAA perdió la votación, a pesar de lo cual sus dirigentes comprendieron que una ruptura debilitaría fuertemente al sector. “Le hubiéramos dado al Gobierno un triunfo político que no estamos dispuestos a conceder”, reconoció una voz de la dirigencia ruralista.

El plan consta de dos fases, pero su objetivo final es claro: utilizar las mismas herramientas que Estados Unidos e Israel usan para controlar a sus enemigos desde el aire. ¿Cómo? Con aviones no tripulados de última generación. ¿Contra quiénes? Contra los evasores argentinos, empezando por los productores rurales.

El impulsor de la idea es el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, que reflotó así el proyecto que ya había considerado cuando lideró la Aduana y, también, la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca). Quiere filmar y fotografiar el campo mientras se siembra y cosecha.

En pleno enfrentamiento abierto del Gobierno con el campo, Echegaray quiere instrumentar cuanto antes su iniciativa. "Pensé en aviones no tripulados. No en un avión, sino en un montón, pero dependerá del costo", dijo ante la consulta de La Nacion.

El director de la AFIP aclaró que el plan podría comenzar a desarrollarse a partir de 2010 en dos fases. La primera, "contratando un servicio tercerizado de captura de fotografías y videos aéreos", junto con "vuelos para el seguimiento de objetivos", es decir, blancos móviles.

El pliego de licitación se encuentra ya para revisión en la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI). Incluye doce rubros: la captura y el procesamiento de imágenes, la asistencia técnica y el servicio de análisis, entre otros.

En suma, un proyecto que podría abarcar cerca de 24 millones de hectáreas -lo que equivale a la mitad de la pampa húmeda- y la captura de videos específicos por sobre 3360 hectáreas.

"Cuando estaba en la Aduana, lo pensé para la lucha contra el narcotráfico y el ingreso ilegal de mercaderías. Pero desde que pasé a la Oncca y luego a acá [por la AFIP], empecé a ver su utilidad para el campo. Los productores no te dicen lo que producen, por lo que el control tributario se basa en estimaciones", argumentó.

Echegaray aclaró que promoverá la compra de los aviones no tripulados "en una segunda etapa, si el servicio tercerizado genera el valor agregado en la recaudación".

Pero no oculta que la idea lo atrae por sus eventuales frutos directos en la recaudación tanto como por su impacto mediático: "La sola imagen de esos aviones con el logo de la AFIP genera una sensación de riesgo muy fuerte en los evasores".

La imagen sería tan potente como la que en la actualidad ofrecen las tropas norteamericanas que operan aviones no tripulados similares -que denominan "drones"- para detectar talibanes en las cadenas montañosas de Afganistán. O las que aportan las fuerzas israelíes cuando filman y atacan militantes de Hezbollah en el sur del Líbano.

A miles de kilómetros de Medio Oriente, y al mando de Echegaray, la Oncca ya había evaluado un proyecto similar de supervisión aérea. Lo analizó para rastrear los silos donde los productores acaparaban sus cosechas, en un plan que dentro del organismo se conoció como "a la caza de los gusanos", según trascendió.

La Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) también hurgó desde las nubes. Cuando estaba al mando de Santiago Montoya, apeló a imágenes satelitales de alta resolución tanto para cotejar la producción sojera como para hurgar en los principales countries de la provincia.

Los proveedores

Una fuente al tanto del proyecto de la AFIP detalló a LA NACION, sin embargo, que esta vez los aviones podrían adquirirse en el extranjero, mientras que empresas locales se abocarían al relevamiento de los terrenos y podrían encargarse de la gestión diaria del servicio.

"Una empresa israelí ya acercó una propuesta, pero la idea original fue de Echegaray", indicó uno de los informantes, que afirmó que se aplicarían filtros ópticos de espectro amplio y sensores multiespectrales.

Pero más allá de los detalles técnicos, afirmó que el destino sería unívoco: "Ver el estado biológico de la parcela y el estado de las cosechas".

De hecho, la tecnología aérea israelí ya se aplica en el Cono Sur. Brasil la adoptó a lo largo de sus fronteras para combatir el narcotráfico y el contrabando, incluso en la Triple Frontera con la Argentina y Paraguay. Se trata del modelo Heron1 de la compañía estatal Israel Aircraft Industries (IAI), con un costo cercano a los $ 20 millones por unidad.

Echegaray se mostró más ambicioso, a la vez que irónico: "¿Veinte millones de pesos y un solo avión? ¡No! ¡Eso es poco! Pero todo dependerá del presupuesto con el que contemos".

El zar de los impuestos afirmó que ya hay entre 10 y 12 empresas interesadas en participar en el proyecto, que dijo que también desea ampliar a toda la cadena de comercio exterior y la operatoria inmobiliaria.

"Hay edificios enteros que se construyen sin ser declarados a la AFIP y de los que sólo nos enteramos cuando intentan escriturar algún departamento", dijo.

El primer paso del eventual plan de control aéreo, sin embargo, se concentraría en la zona rural. Consistiría en obtener la información georreferencial de los campos, es decir, las coordenadas de cada parcela para así iniciar la pesquisa.

$20 Millones

• Cuesta el Heron 1, avión no tripulado que se usa en tareas de inteligencia y que construye una compañía estatal israelí.

12 Empresas

• Son las interesadas en participar de la licitación del servicio de supervisión aérea, según indican en el Gobierno.

La batalla contra la evasión ahora se define en el aire

La AFIP busca controlar la presunta evasión de los productores rurales con un novedoso sistema de vigilancia aérea.

• Como en la guerra. Se analiza la posibilidad de contratar aviones no tripulados como los que usa Estados Unidos para inteligencia en las guerras de Medio Oriente.

• Capacidad. Con máquinas de esas características, se puede vigilar cerca de 24 millones de héctareas, la mitad de la pampa húmeda.

El Gobierno se apresta a privar a las entidades del campo de un negocio monopólico que les reporta hasta $ 100 millones al año. Se trata de la distribución de la vacuna contra la aftosa, que en la actualidad llevan adelante entes y fundaciones ligadas a las organizaciones agrarias y que el Ejecutivo prevé extender a los veterinarios del sector privado. La iniciativa avanza en medio de una nueva escalada de conflictividad entre el oficialismo y la Mesa de Enlace.

No será la primera vez que el Gobierno lanza un misil contra la línea de flotación financiera de las entidades. En enero pasado, la presidenta Cristina Fernández decretó la gratuidad de las cartas de porte, el instrumento de control del transporte de granos que hasta entonces distribuía la Federación Agraria.

Pero aquella movida, que representó pérdidas estimadas de $ 2 millones al año para los dirigidos por Eduardo Buzzi, quedará como una anécdota frente a la nueva iniciativa, que implicará para las entidades dejar de percibir, de acuerdo con los valores actuales, no menos de $ 20 millones por año y un máximo superior a los 100 millones de pesos.

Por caso, una fundación de Entre Ríos que reporta al dirigente Alfredo De Angeli (Fucofa) recauda al año $ 6.300.000 por el reparto y aplicación de la vacuna. En esa provincia y en Corrientes existe sólo una fundación, aunque en distritos como Buenos Aires las organizaciones con este fin se cuentan por centenares.

El proyecto se puso en marcha de forma silenciosa y recién en los últimos días generó alarma entre los dirigentes del campo. Lo hizo el Senasa a través de una consulta pública en su página de internet que se mantendrá abierta hasta el 12 de este mes.

En ella se invita a productores, veterinarios y entidades rurales a pronunciarse sobre un proyecto de resolución que “autoriza la participación de los veterinarios de la actividad privada de las jurisdicciones correspondientes a cada plan local, en la provisión y aplicación de las vacunas contra la fiebre aftosa”.

Fuentes oficiales explicaron que se trata de una “consulta no vinculante” que, una vez finalizada, abrirá el juego a los veterinarios para participar de una actividad hasta ahora sólo reservada a las fundaciones que montaron a principios de los años noventa las entidades del campo. Las fuentes consultadas dijeron que la iniciativa surgió a partir de demandas judiciales de veterinarios que reclamaron participación en el sistema y que recibieron fallos favorables.

Desde las entidades del agro, en tanto, dijeron tener la certeza de que el Gobierno planeó la resolución para dinamitar uno de sus pilares de financiamiento. En la actualidad, las fundaciones les compran a los laboratorios (Biogénesis-Bagó y la Asociación de Cooperativas Argentinas, que maneja la Coninagro) las vacunas para luego repartirlas entre los productores.

El valor actual de cada dosis comprada a los laboratorios oscila entre $ 1,70 y $ 1,80 para un rodeo calculado en 50 millones de cabezas de ganado en todo el país. Por año se realizan dos vacunaciones, una en febrero y otra en septiembre. Según las consultas hechas por Crítica de la Argentina, las fundaciones y entes le imponen a ese valor un adicional por “costo operativo” que oscila entre los 20 centavos y un peso, lo que eleva el precio final para el productor a un rango de entre 2 y 2,80 pesos. Sin embargo, en zonas de producciones ganaderas pequeñas se pagan valores de hasta 4 pesos.

Alfredo Bel, dirigente de la Federación Agraria de Entre Ríos, explicó que Fucofa compra la vacuna a $ 1,79 y la entrega al productor a 2,50 pesos.

“El monopolio se lo dan a otros”

“Es como pasa con el Grupo Clarín: el Gobierno le saca el monopolio a uno, pero no para restablecer lo que debiera ser, sino para dárselo a otro”. El diagnóstico pertenece a Rodrigo Ravetti, delegado de ATE en el Senasa. El dirigente sostuvo que el Estado debería recuperar la labor de vacunar contra la aftosa. Las fundaciones de lucha contra esa enfermedad fueron impulsadas en los noventa por Bernardo Cané, ex jefe del Senasa, y se constituyeron en un mecanismo eficaz contra la aftosa, pero también rentable para las entidades.

Tras cancelar ayer (31/08) una visita a Junín aduciendo "cuestiones climáticas", el gobernador bonaerense Daniel Scioli resolvió suspender el viaje que tenía previsto realizar mañana (02/09) a Las Flores. La decisión fue confirmada hace por voceros oficiales.

Estas dos cancelaciones consecutivas son una clara muestra del temor del gobernador a sufrir escraches del campo, en el marco de la protesta rural que en el interior se profundiza. Y deja en evidencia que la excusa del mal tiempo por la cual canceló su viaje a Junín ayer era simplemente eso: una excusa.

Por otra parte cabe destacar que las suspensiones se producen en medio de los rumores de presión de Néstor Kirchner para que Scioli deje la gobernación.

De esa forma, el gobernador ya casi pulverizó la recorrida por el interior provincial que había anunciado el domingo último, aunque todavía no hay confirmación acerca de lo que hará el próximo viernes, cuando tenía previsto viajar hasta Tandil y Benito Juárez.

Por estas horas algunos de los principales referentes de la Mesa de Enlace de la Nación dispararon fuertes cuestionamientos públicos a la figura del gobernador y amenazaron, incluso, con movilizarse hasta la Capital Provincial para protestar por la actitud de Scioli de acompañar el veto presidencial que eliminó le exención en el pago de las retenciones que beneficiaban a 22 distritos de la Provincia y que, según el oficialismo, fueron aprobadas “por error”.

Esta mañana, y en un intento de agradar a los Kirchner, la gobernación bonaerense salió al cruce de las críticas del titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, quien afirmó que Scioli "hasta acá actuó como felpudo de Néstor Kirchner, como la alfombra que les tapizó el territorio para que Néstor Kirchner se mueva por todo el conurbano”.

En este sentido, el ministro de gobierno bonaerense, Eduardo Camaño, contraatacó calificando a Buzzi como un "felpudo de los pooles sojeros".

No renuncia

"La responsabilidad de Scioli es gobernar la Provincia, la mejor forma de bajar las versiones es no hablándolas", enfatizó el jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez.

En declaraciones a la prensa, el funcionario provincial sostuvo que en lugar de referirse a esas versiones, la gestión de Scioli va a continuar con políticas como "la lucha contra la droga, ayudar a los productores, la violencia, la inclusión de los jóvenes".

"Scioli tiene muchas cosas que hacer en la Provincia, y de eso hablaremos. Nosotros tenemos una forma de gobernar sin entrar en confrontaciones", advirtió.

De todos modos, Pérez apuntó contra Eduardo Buzzi y Margarita Stolbizer, quienes criticaron la gestión de Scioli. "Si Buzzi piensa que con el agravio se solucionan los problemas está equivocado y si piensa que vamos a contestar está más equivocado. Nosotros estamos tratando de solucionar los problemas de los productores", subrayó.

Además, indicó: "nos sentimos acompañados por el Gobierno nacional, las declaraciones de Stolbizer son palabrerías de políticos en campaña".

Por otra parte, Pérez destacó que "nunca" se evaluó en la gestión de Scioli emitir "una cuasimoneda". "Nunca se evaluó tener una cuasimoneda, no hace falta, no es una buena herramienta. Nosotros con una buena administración, con austeridad en el gasto, y con recaudación de nuestra Agencia vamos a terminar el año con lo pautado en el presupuesto de 2009", explicó.

En el marco del séptimo paro agropecuario que ya lleva cinco días, la Asamblea Provincial de Productores Autoconvocados de Santa Fe está impulsando que los paros sean anunciados en forma sorpresiva, y que se lleve a cabo un tractorazo hacia la ciudad de Buenos Aires.

De aprobarse esta última propuesta, la fecha será fijada por la Mesa de Enlace nacional. Mientras tanto, para hoy, este grupo había sugerido la realización de una manifestación simultánea a nivel nacional en las rutas de todo el país, con la presencia de maquinarias agrícolas.

Durante una asamblea que se llevó a cabo el sábado en la ciudad santafesina de Reconquista, los autoconvocados ratificaron a la Mesa de Enlace “como único interlocutor válido del sector agropecuario para con el Gobierno nacional”.

Este grupo de productores santafesinos también sugirió “prolongar la medida de fuerza por más tiempo, mediante distintas estrategias y con la presencia de distintos medios de prensa”.

Las agencias de comercialización granaria aseguraron que ayer entraron sólo 27 camiones al complejo portuario de Rosario, que va desde Timbúes hasta Villa Constitución. Mientras que, al Mercado de Liniers ingresaron tan sólo 33 animales.

En medio de asambleas y malestar que se acentúa con las horas, la dirigencia del campo intenta convencer a sus bases que esta protesta debe finalizar el viernes, Ayer, los chacareros cumplieron la cuarta jornada del paro, con cese de comercialización de granos y ganado en pie de esta nueva etapa de lucha del sector, ante la falta de respuesta a los graves problemas que padece el agro nacional.

El alto grado de acatamiento a la protesta rural tuvo su principal caja de resonancia en los mercados de granos y hacienda, donde la comercialización fue nula. Tampoco hubo actividad en los principales puertos del país, con epicentro en el sudeste bonaerense y en las 22 terminales portuarias del Gran Rosario, donde numerosos buques, ya en calado, esperaron en vano turno para cargar

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El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Hugo Biolcati, admitió ayer que la protesta podría continuar más allá del viernes, porque "hay algunos que lo están pidiendo". Sin embargo, señaló que la decisión se tomará en la reunión de mañana de la Mesa de Enlace.
En ese sentido, el titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, fue contundente: "el paro agropecuario termina el viernes", y apostó a encontrar una solución al conflicto. "Estamos transitando una protesta necesaria, con un absoluto acatamiento, que permite demostrarle a la sociedad el nivel de desquicio de este Gobierno. En algún momento debe reaparecer algún nivel de racionalidad que permita que vaya camino a normalizar la relación del Gobierno con un sector clave de la economía argentina", señaló.

Por su lado, Biolcati supeditó el plan de acción de las entidades ruralistas a la reacción que tenga el Gobierno, al reconocer que hasta el momento "no hay señales" desde el oficialismo.
El dirigente también consideró que el paro que realiza el campo es necesario, pero admitió que no sabe si será "útil" y lo definió como un llamado de atención al Gobierno.

Así lo manifestó el presidente de Federación Agraria en Radio 10. Resaltó que la medida de fuerza de ocho días era "necesaria" y que hasta ahora cuenta con "absoluto acatamiento". Abogó porque se puedan "normalizar las relaciones" del agro con el Gobierno.

El presidente de Federación Agraria, Eduardo Buzzi, aseguró que la protesta que dispuso la Mesa de Enlace entre el viernes pasado y el próximo cuenta con "absoluto acatamiento", pero rechazó la posibilidad de que se extienda más allá de ocho días.
 
"El paro está con absoluto acatamiento. Si se fuera a prolongar podría seguir habiendo acatamiento, pero eso nos pone en una situación de irracionalidad muy alta", afirmó el dirigente ruralista que integra la Mesa de Enlace.

Eduardo Buzzi aclaró que la medida de fuerza es "necesaria para desenmascarar el nivel de desquicio" que enfrenta el sector por el enfrentamiento que mantiene con el gobierno nacional y el impacto devastador de la sequía en gran parte del país.
 
Finalmente, reconoció que le "preocupa" lo que ocurrirá para esa actividad "desde el 8 de septiembre al 10 de diciembre", cuando asumen en el Congreso Nacional los nuevos legisladores votados el 28 de junio pasado: "Esperemos que haya un camino para  normalizar las relaciones del Gobierno con uno de los sectores claves para la economía"

Ayer, durante la jornada inicial del paro de comercialización de granos y ganado, se frenó completamente el comercio granarlo. Las ventas en Liniers, en cambio, fueron tan o más altas que las habituales, pero eso fue porque se comercializó el ganado enviado antes de que comenzara la protesta; el impacto en esa plaza recién podrá ser apreciado el lunes.

El secretario gremial de la FAA, Omar Barchetta, sostuvo que "hay un acatamiento total" a la medida de fuerza, algo que atribuyó a que "la bronca es muy grande". "En la recorrida que hicimos los dirigentes de la entidad por varias provincias, pudimos constatar que el acatamiento es altísimo, con un movimiento casi nulo de camiones en las rutas", expresó Barchetta en un comunicado. Según precisó, el relevamiento de la FAA constató que hay "grupos de productores apostados a la vera de las rutas en unas 60 localidades, con presencia rotativa en puestos de control de cargas".

Por su parte, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Pedro Apaolaza, reconoció que, tras el paro, la dirigencia rural deberá "intentar abrir algún canal de diálogo" con el Gobierno. "No nos vamos a encerrar y vivir de paro, esto es una medida puntual. Había una necesidad de mostrar lo mal que está el sector y que el campo está unido", indicó el dirigente.

El presidente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), Emilio Eyras, denunció hoy que "un grupo de activistas agropecuarios" protagonizó incidentes en la agencia del organismo en la ciudad bonaerense de Salto.

"Estos niveles de intolerancia no permiten construir el diálogo", aseguró Eyras, luego de precisar que "los activistas rompieron el cartel de la oficina, dejaron pintadas con aerosol, pegaron afiches con mensajes intimidatorios y amedrentaron al personal de la ONCCA, arrojando huevos contra la fachada del local", de acuerdo con lo detallado en un comunicado.

De acuerdo con la versión de la ONCCA, alrededor de 70 manifestantes concurrieron a la agencia de Salto "con la intención de entregar un petitorio al Gobierno Nacional" y a las 11:30 pidieron una audiencia con el encargado de la ONCCA en Salto.

"Luego de ser recibidos, se presentaron como 'productores autoconvocados' de la localidad de Arrecifes y entregaron el petitorio", indicó la ONCCA, que agregó que "a pesar de haber entregado el petitorio, los activistas se negaron a desalojar el lugar y comenzaron con los desmanes".

La ONCCA añadió que "los empleados de la delegación relataron su asombro cuando visualizaron que uno de los encargados de las agresivas pintadas era un menor de 12 años", quien escribió "Con el campo no se jode" y "Robo Comercial Agropecuario", mientras los mayores se justificaban diciendo que "ya no los podemos controlar". "Ante el pedido del encargado de la agencia Salto, la Policía que arribó al lugar logró disuadir la manifestación", finalizó la ONCCA.