“Vamos a ser los primeros en decirle a esa familia del interior que confía en nosotros, a ese productor, a ese pequeño empresario, si hemos fracasado o no; si podemos o no hacerlo”. Así lo indicó María del Carmen Alarcón en referencia a la responsabilidad que asumirá al aceptar el cargo de titular de la nueva Secretaría de Integración Regional de la Nación.

“Creemos que tenemos que pasar del discurso de la confrontación a los hechos, al consenso, al diálogo, y ser efectivos con esto; sabemos que es difícil, pero estamos dispuestos a asumir este riesgo y este desafío”, añadió la dirigente del grupo Pampa Sur en declaraciones realizadas anoche en el programa Infocampo Radio (AM 950 / Radio Belgrano).

“Tenemos varias reuniones ya acordadas con sectores de productores de distintas producciones, que inmediatamente las vamos a hacer efectivas en el espacio físico de la Capital (Federal) o en el propio interior de las provincias”, aseguró Alarcón.

En cuanto al paro agropecuario nacional que comenzará mañana viernes, la próximamente funcionario del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dijo que “La Argentina no está para tener una larga medida como esa, más allá de que habrá razones acumuladas y la causa fundamental, que es lo que ha ocurrido en el Congreso de la Nación la semana pasada, no me parece (razonable) tampoco”.

“Lo que sí quiero destacar es que nosotros sabemos que el productor agropecuario y su familia necesitan una salida, una respuesta inmediata, de eso sí tenemos convencimiento”, agregó.

“No podemos seguir en un país canalizando bronca, buscando la calle solamente; la verdad es que yo como dirigente política me siento responsable de que haya un resultado”, apuntó Alarcón.

El Grupo Pampa Sur, que viene realizando un trabajo político en torno a la cadena productiva agropecuaria y agroindustrial desde 2004, fue otro de los actores convocados por el Gobierno Nacional, en el marco del diálogo político iniciado por Cristina Kirchner a partir del 28 de junio de 2009, empieza el comunicado difundido esta noche.

La primera dirigente nacional que incluso previno el conflicto fue María del Carmen Alarcón quien fue separada de su cargo de Presidente de la Comisión de Agricultura en el año 2006 por oponerse a la veda a las exportaciones de carnes al exterior.

El Grupo Pampa Sur quiere destacar la convocatoria de la Sra. Presidenta y el Jefe de Gabinete de Ministros hace cerca de 20 días, a fines de analizar las posibles soluciones para que la cadena productiva agroindustrial forme parte de un proyecto nacional integrador, en lugar de ser el eje de un conflicto que divida a los argentinos.

Hemos coincidido en reconocer la necesidad de resolver problemas concretos y urgentes de los productores, trabajadores y empresarios del sector, a fin de poder empezar, a partir de la pacificación de los espíritus y la resolución de las urgencias, una estrategia de unidad e integración en la que todos puedan plantear y armonizar los intereses y las necesidades en pugna.

En ese marco de diálogo y propuestas, se ha creado un ámbito en la Jefatura de Gabinete de Ministros, que es la Secretaría de Integración Nacional (el mismo nombre que tiene el Ministerio en Brasil) para poder instrumentar dichas soluciones y coordinar políticas de integración de la cadena productiva, no sólo en sus aspectos económicos, sino como eje articulador de una integración territorial y social entre todos los pueblos del interior productivo.

En el ámbito de la Jefatura de Gabinete, se creó la Secretaría de Integración Nacional, una propuesta de Pampa Sur, liderado por María del Carmen Alarcón, funcionaria del gobierno santafesino de Hermes Binner, y una de las agrupaciones más críticas a la política agropecuaria del  kirchnerismo.

Según el diario La Nación, Alarcón y Miguel Saredi se reunieron en reserva con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y le llevaron la iniciativa del organismo que asistirá a Fernández; según el Boletín Oficial será "asistir al Jefe de Gabinete de Ministros en la promoción, coordinación y seguimiento de las políticas productivas que impulsen los procesos de desarrollo e integración productiva (...) a fin de potenciar la producción primaria, a la vez de fortalecer y ampliar procesos de industrialización".

La nueva secretaría tendrá 2 subsecretarías a su cargo (Planificación y Gestión y de Ejecución Operativa) que asistirá en la "creación de actividades productivas de los sectores agropecuario, agroalimenticio e industrial".

Allegados a Alarcón dijeron que la reunión con el Gobierno fue en nombre de Pampa Sur y no de Hermes Binner. Lo aclararon porque Alarcón es funcionaria de la Gobernación socialista santafecina, donde se queja que nunca le dan el espacio que ella cree merecer.

Saredi explicó que "la idea de la Secretaría está tomada del Ministerio de Integración Nacional de Brasil (...) Esa cartera se encarga de resolver y destrabar conflictos entre regiones y funciona muy bien", agregó.

Alarcón fue presidente de la Comisión de Agricultura durante la presidencia de Néstor Kirchner; pero en mayo de 2006, el entonces titular de la Cámara, Alberto Balestrini, atendió un pedido del bloque oficialista y la destituyó (escándalo de por medio) por sus críticas a la política de carnes del Gobierno y al ex titular del área, Miguel Campos.

A su vez Alarcón denunció que Carlos Reutemann no la defendió, y rompió con el senador nacional.

Casi de inmediato organizó el monobloque legislativo Pampa Sur que más tarde intentó convertir en un partido político.

Buscando un destino, María del Carmen Alarcón consideró que la estrategia del campo de lanzar un nuevo paro de comercialización por 7 días es un error. "Sé que no es fácil negociar y sacar resultados, pero para negociar hay que sentarse".

Consultada por Luis Novaresio (Radio 2) sobre si estaba de acuerdo con la nueva medida de fuerza de la mesa de enlace, Alarcón fue cortante: "No, la verdad que no". Y abundó: "Me duele porque tengo buena relación con casi todos ellos".

Más tarde ella reiteró esos conceptos a Víctor Hugo Morales (Radio Continental).

Alarcón negó haberse incorporado al kirchnerismo pero admitió que el Gobierno Nacional aprobó un proyecto que ella presentó a Aníbal Fernández, que impulsa la creación de una Secretaría de Integración Nacional.

"Esto no quiere decir ser kirchnerista, es pensar en la Argentina. No hay secreto. No volví al kirchnerismo", se defendió Alarcón.

"Nadie puede discutirme ni en privado ni en público cual fue mi accionar, mi postura, qué pienso", detalló.

"Le llevé un papel al Jefe de Gabinete, nos juntamos. Le dije esto podría ser una salida, toma te lo dejo. Eso pasó", resumió. "El lunes, sorprendentemente, aparece en el Boletín Oficial la secretaría", comentó. "Soy funcionaria del gobierno de la provincia", insistió.

En ámbitos cercanos a Maria del Carmen Alarcón indican que esta sería la última oportunidad de hacercar posiciones con el gobierno en vista a solucionar el conflicto con el campo.

El bloque del Frente para la Victoria (FpV) de Diputados decidió hoy postergar (hasta nuevo aviso) el tratamiento del proyecto para intervenir el mercado de arrendamientos agropecuarios (que estaba previsto para mañana miércoles).

Si bien el FpV tendría los votos necesarios para darle media sanción al proyecto, la decisión se habría tomado para no agravar el escenario de conflicto existente entre el gobierno nacional y el sector agropecuario.

El proyecto impulsado por el oficialismo para intervenir el mercado de arrendamientos no sólo no cuenta con el apoyo de los principales bloques opositores (PRO, Coalición Cívica, UCR, Socialismo, Frejulo, entre otros), sino que además hasta fue rechazado por la propia dirigencia de Federación Agraria (entidad que viene reclamando hace años un marco regulatorio para el mercado de alquileres agrícolas).

El proyecto, que cuenta con dictamen de comisión desde mediados de 2008, debe tratarse antes del próximo 30 de noviembre para tener chances de ser aprobado por el kirchnerismo (esto porque a partir de diciembre expira el dictamen).

Como ya hizo la UCR, hoy fue el campo el que rompió la línea de diálogo que el gobierno había lanzado y que no registró novedad alguna. Eso, sumado al veto presidencial que da marcha atrás con los beneficios de la Emergencia Agropecuaria y los fuertes rumores de que Néstor Kirchner promueve un aumento en las retenciones a la soja, derivó en que la Mesa de Enlace anuncie hoy un paro de ocho días a partir del viernes.

La Comisión integrada por las cuatro entidades del campo brindó una conferencia de prensa donde anunció el cese de comercialización de carnes y granos desde las 0 horas del próximo viernes hasta las 24 del viernes 4 de septiembre. De la medida quedan exceptuados los productos perecederos, según determinó la Mesa de Enlace, tras una reunión realizada en la sede de Coninagro.

Según el presidente de Coninagro, Carlos Garetto, la medida de se tomó porque "no hubo respuestas" luego de la reunión con el Gobierno del 31 de julio. Y también por "el veto de la emergencia agropecuaria a distritos bonaerenses", que, según dijo Garetto, "hubiera ayudado a distender el clima".

En el documento final se explica que "Habida cuenta el tiempo transcurrido desde el 31 de julio, fecha en la que se celebró la audiencia con el Jefe de Gabinete de Ministros, el Ministro de Economía y la Ministro de la Producción, en la que esta Comisión reiteró, en más de 20 puntos, propuestas y demandas concretas para resolver la grave crisis por la que atraviesan las distintas producciones, y no habiendo recibido respuestas a ninguno de los planteos realizados", que "sumado a todo lo expuesto el veto parcial a la ley de declaración de zonas de desastre y emergencia agropecuaria en diversos distritos de la provincia de Buenos Aires, la cual fue sancionada con el voto unánime de las dos Cámaras" se decidió avanzar con la medida de fuerza.

Por su lado, el presidente de CRA, Mario Llambías, aclaró que "esta Mesa de Enlace no apoya los cortes de ruta". "La Comisión de Enlace no apoya los cortes de ruta y de esa misma forma nos vamos a expresar", sostuvo el dirigente.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Hugo Biolcati, salió a tranquilizar sobre los posibles efectos de la medida y aseguró que no habrá problemas con el abastecimiento para la población durante la medida de protesta de los productores rurales. Biolcati también admitió diferencias entre las entidades respecto del tratamiento de la ley de arrendamiento.

La Mesa de Enlace Agropecuaria anunció esta tarde que a pesar del cese de comercialización continúen las actividades normales de la producción rural. Gareto, explicó que seguirán adelante ferias, exposiciones y la actividad tranqueras adentro.

El comunicado de la Mesa de Enlace

Habida cuenta el tiempo transcurrido desde el 31 de julio, fecha en la que se celebró la audiencia con el Jefe de Gabinete de Ministros, el Ministro de Economía y la Ministro de la Producción, en la que esta Comisión reiteró, en más de 20 puntos, propuestas y demandas concretas para resolver la grave crisis por la que atraviesan las distintas producciones, y no habiendo recibido respuestas a ninguno de los planteos realizados en materia de lechería, ganadería, trigo, segmentación de retenciones, producciones regionales, emergencia agropecuaria, normativa regulatoria distorsiva, etc.

Y sumado a todo lo expuesto el veto parcial a la ley de declaración de zonas de desastre y emergencia agropecuaria en diversos distritos de la provincia de Buenos Aires, la cual fue sancionada con el voto unánime de las dos Cámaras y que hubiera sido un camino propicio para la reconstrucción de la confianza y la recuperación del diálogo que reclamó la sociedad y necesita la Argentina.

Interpretando el malestar de los productores y la critica situación del interior del país que crece y se agrava, la Comisión de Enlace, continuando con el Plan de Lucha, convoca:

- Cese de comercialización de granos con destino a industria y exportación, y de ganado vacuno en pie, exceptuando la hacienda proveniente de zonas afectadas por la sequía, desde las 0 hs. del día Viernes 28 de agosto hasta las 24 hs. del día Viernes 4 de septiembre. Quedan exceptuados de esta medida los productos perecederos.

Dada la inminencia de estas medidas la Comisión de Enlace sugiere que continúe el normal desarrollo de las actividades programadas con antelación tales como exposiciones, remates de cabañas, etc.

Finalizada esta etapa y durante la vigencia del plan de lucha, la Comisión de Enlace permanecerá en estado de sesión permanente para evaluar y definir los pasos a seguir.

Eduardo Buzzi resolvió ayer no apoyar el proyecto de ley de arrendamientos que intentaría votar este miércoles el oficialismo en la Cámara de Diputados. La decisión desbarata, por un lado, la jugada del gobierno nacional por dividir a la Mesa de Enlace, ya que la medida es rechazada por la Sociedad Rural y por CRA. Pero también obliga a la Federación Agraria Argentina a explicar por qué se opone a una ley que pide desde hace tres años.

“La entidad considera que el proyecto de ley de arrendamientos que intenta impulsar el gobierno nacional no es el adecuado, ni se presenta en el momento indicado, pues la credibilidad de este Gobierno es nula. No resulta de fiar que quien promovió y cobijó a los pools de siembra, venga hoy a ponerles límites”, se informó en un comunicado ayer por la noche.

El caso más llamativo es que el proyecto que impulsa el kirchnerismo está hecho sobre la base de un trabajo de Eduardo Macaluse, elaborado, a su vez, con el aporte de técnicos de la Federación Agraria. El proyecto original fue aprobado en la Comisión de Agricultura durante los calientes días del conflicto agropecuario de 2008. Fue firmado en disidencia por toda la oposición, menos por el bloque del PRO. “El proyecto es casi el mismo, yo voté en disidencia porque le quitaron una parte que le daba al Estado el poder de aumentar la carga impositiva cuando se tratara de un pool de siembra”, le explicó Macaluse.

“¡Ley de Arrendamientos sí, chicanas políticas no!”, fue el título que eligió Buzzi para marcar la posición de la entidad que representa a medianos y pequeños productores. “El proyecto de ley del bloque oficial toma la propuesta original de FAA, pero introduce modificaciones importantes con las cuales no estamos de acuerdo. Por ejemplo, haber eliminado los gravámenes impositivos que tenían por objetivo frenar la concentración agropecuaria y la inversión financiera extra campo”, señaló el informe.

En el gobierno nacional no ocultan que parte de la movida para sacar la ley incluyó la estudiada posibilidad de debilitar el frente que conforman las cuatro entidades agropecuarias nacionales desde marzo del año pasado. Y, de paso, hacerle un guiño a los legisladores de centroizquierda que podrían apoyarlos en otros casos.

En un principio, la estrategia funcionó. La semana pasada, los presidentes de las entidades se reunieron de urgencia para discutir cómo reaccionarían ante la jugada del kirchnerismo. Tras la reunión, todos aseguraron que sus diferencias por la ley no provocarían un quiebre en la alianza.

“La realidad nos marca que frente a este estado de situación, al día de hoy 2.000 productores trabajan el 50% de la tierra. Eso no es desarrollo ni beneficio para nadie, excepto para esta nueva oligarquía aliada y fortalecida a la sombra del kirchnerismo”, criticó FAA. La posición, sin duda, aquietará las aguas de la Mesa de Enlace. Pero, tal vez, le traiga a Buzzi más de un dolor de cabeza.

OPINIÓN

Es otra estrategia mezquina
Lisandro Viale (Diputado Nacional. Partido Socialista de Entre Ríos. Ingeniero agrónomo y productor agropecuario)

El gobierno nacional, dedicado a recuperarse del resultado electoral adverso, busca herramientas que le permitan romper el bloque que amenaza con quitarle la mayoría parlamentaria a partir de diciembre. Para ello, ha vuelto a la carga con la Ley de Arrendamientos. Este escenario muestra la difícil tarea de buscar acuerdos que no resquebrajen la unidad estratégica y que expresen el pronunciamiento ciudadano que el 28 de junio reclamó cambios en la gestión.

El Gobierno intenta utilizar la Ley de Arrendamientos como una simple estrategia de ocasión. Así, utiliza una propuesta originariamente presentada por la Federación Agraria Argentina y la transforma en el ariete para romper la Mesa de Enlace, haciendo eje en las diferencias que puedan existir en cuanto al uso y tenencia de la tierra.

Los socialistas no vamos a caer en el juego absurdo de utilizar el Congreso de la Nación para jugar sólo intereses de la dirigencia política, mientras las necesidades de los ciudadanos quedan entre las cuentas pendientes. Estamos convencidos de que hace falta legislar sobre contratos agrarios para proteger al pequeño y mediano productor. Sin embargo, insistimos en que lo más práctico es reformar la norma existente, en lugar de debatir los casi 100 artículos de la ley propuesta. En este sentido, entendemos que es importante avanzar, al menos, en un puñado de artículos medulares que conciten el consenso de todos los bloques.

A nuestro entender, la nueva ley debería contemplar tres aspectos fundamentales: frenar el éxodo de los productores pequeños y medianos, cuidar el recurso suelo y garantizar la seguridad alimentaria.

Para asegurar la estabilidad del productor y evitar el éxodo, es necesario fijar un tope en los arriendos y en los porcentajes de aparcería, establecidos como porcentaje del rendimiento promedio de los cultivos, para tornar menos conveniente para el propietario tercerizar la producción.

También se debería contemplar la conservación del recurso del suelo, evitando el monocultivo de soja. Para ello, es imprescindible que los arriendos se paguen en quintales del mismo cultivo o unidades de producción de la actividad pecuaria que se realizará en ese contrato (por ejemplo, quien siembre maíz pague en quintales de maíz y quien produzca leche pague en leche).

Debemos evitar la concentración de la producción y el crecimiento desmedido de los fideicomisos de siembra. Para ello, es preciso limitar la cantidad de tierra que puede tomar un arrendador.

Una nueva Ley de Arrendamientos es central para definir el rumbo de la Argentina, pero ésta debe incorporar los ejes referidos. De no ser así, seguiremos afianzando el actual modelo de “agricultura sin agricultores”.

Néstor Kirchner es un obsesionado por las cuentas públicas. Contar con recursos es el motivo que empuja casi todas las medidas de gobierno. Funcionarios influyentes del espectro K confiaron a este diario que el oficialismo evalúa un anuncio que podría echar sal en las heridas de los dirigentes del campo. La medida eliminaría las retenciones al trigo y al maíz y elevaría las de la soja entre un 5 y un 10 por ciento. En qué momento hacerla pública es la principal duda del patagónico. De hacerlo en breve, el Presupuesto que está por arribar a la Cámara de Diputados tendría que computar los ingresos por ese aumento en el gravamen. De implementarlo una vez aprobada la ley de leyes, le bastaría un decreto de necesidad y urgencia, que tendría que ser analizado por la Comisión Bicameral que sigue los DNU y las facultades delegadas. Hasta el 10 de diciembre, fecha del recambio legislativo, el oficialismo cuenta no sólo con mayoría en ambas cuerpos legislativos, sino también en la estratégica comisión.

La versión no sólo recorrió los despachos oficiales. También es una de las hipótesis que atemoriza a los dirigentes de la Mesa de Enlace. Concretamente ayer fue analizada en la reunión del Comité de Acción Gremial de la Federación Agraria. La necesidad de tomar posición sobre la ley de arrendamiento que el miércoles podría llegar al recinto de Diputados fue el único motivo que explica por qué los ruralistas no avanzaron en esa discusión.

Consultado, el viceministro de Economía, Roberto Feletti, aseguró que “la medida no era necesaria para mantener la actual ecuación fiscal”. En verdad, la eliminación de los gravámenes al trigo y al maíz casi no tendría impacto en las cuentas públicas. Un trabajo del consultor agropecuario Alejandro Ramírez señala que “la magra cosecha del maíz dejaría un saldo exportable de tan sólo 4 millones de toneladas. Lo que equivale a una recaudación de retenciones de 98 millones de dólares”. La cifra es ínfima si se la compara con los ingresos que el Estado podría obtener en caso de un aumento a las retenciones de la soja. Los analistas no se cansan de vaticinar que la soja está en vísperas de tener una supercosecha que los más entusiastas ubican en los 52 millones de toneladas. En los cálculos de Ramírez, un incremento de cinco puntos en las retenciones a la soja le permitiría al Estado engrosar sus arcas con 910 millones de dólares. Con la actual retención del 35 por ciento, la cosecha récord de 52 millones aportaría una recaudación por derechos de exportación cercana a los 6.370 millones. Con el aumento al 40 por ciento de retención se obtendrían unos 7.280 millones de dólares. Más allá de la necesidad fiscal del Gobierno, el kirchnerismo podría argumentar que está fomentando el cultivo del trigo y del maíz y que no está afectando la mesa de los argentinos, ya que la soja se exporta casi en su totalidad.

La oportunidad para hacer público el anuncio no es un tema menor. En noviembre o diciembre, la gente de campo ya habría sembrado la cosecha récord que se espera en el 2010 y el Congreso tendría que tener aprobado el Presupuesto. Eso sí, el Gobierno necesitaría que el decreto que autorice la medida tenga un pronto despacho favorable en la comisión bicameral. Por lo menos, antes de que se renueven las cámaras y el oficialismo pierda la mayoría en ambos cuerpos.

El diputado de la CTA, Claudio Lozano, dijo que en la actualidad, con retenciones del 35 por ciento a la soja, “los márgenes de ganancias son superiores a los que existían en junio del 2007 cuando las retenciones estaban en un 27 por ciento”. En el análisis del margen de ganancia se debe tener en cuenta el precio internacional de la soja y cuestiones variables, como la extensión que cada productor pone en juego a la hora de la siembra. Estas ecuaciones le permiten concluir a Lozano que “el Gobierno tiene un margen para aumentar las retenciones”.

Este miércoles 26 de agosto se tratará en el recinto de la Cámara de Diputados el proyecto que establece un nuevo régimen de contratos agrarios.

"Como el dictamen ya tiene las firmas correspondientes desde hace casi un año y antes de evitar que éste se caiga, vamos a tratarlo el próximo miércoles", sostuvo hoy el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja, Alberto Cantero Gutiérrez (FpV; Córdoba) (ver texto completo de la iniciativa aquí)

Desde el bloque de la Coalición Cívica (CC) aseguraron que, si bien el proyecto tiene dictamen de comisión, las principales fuerzas de la oposición reclamarán que el mismo sea revisado.

"La oposición en conjunto no se debe prestar a este tratamiento; el proyecto tiene dictamen de la Comisión de Legislación General y de Agricultura (de la Cámara baja), pero ambos tratamientos se lograron (en 2008) en menos de cuarenta minutos", dijo hoy el diputado Francisco Ferro (CC; Buenos Aires). “Creemos que hay que volver a discutir este tema por las implicancias que puede tener en el sector", añadió.

"Creo que el oficialismo, que cuenta en estos casos con el apoyo de los principales bloques de centro izquierda, podría tener los avales necesarios para darle media sanción al proyecto", agregó Ferro.

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Agricultura de Diputados, Christian Gribaudo, (PRO; Buenos Aires), sostuvo que el kirchnerismo no sólo tiene la voluntad de aprobar el proyecto este año, sino que además tendría los votos necesarios para hacerlo.

"Aún no tenemos la comunicación oficial, aunque sabemos que buscarán tratarlo el miércoles de esta semana", indicó hoy Gribaudo. "Sabemos que este proyecto así como está no puede sancionarse porque generaría mucho más daño al sector", agregó.

"Así como está, con el apoyo de los bloques aliados, el oficialismo podrá darle media sanción al proyecto, que sabemos tiene un sólo objetivo y que es dividir a las entidades", apuntó Gribaudo.

Tal como sucedió con el proyecto oficial de prórroga de facultades delegadas, el kirchnerismo, una vez aprobado el proyecto en Diputados, no tendría mayores inconvenientes en obtener la sanción definitiva del mismo en el Senado. La idea del oficialismo es instrumentarla a partir del ciclo 2010/11.

Ni los domingos Hugo Bilcati ceja en su batalla diaria contra el Gobierno. Desde Corrientes, donde encabezó una exposición campera, el presidente de la Sociedad Rural reiteró su reclamo a la Rosada para que tome "medidas urgentes y concretas para abordar la cuestión de la pobreza". Y sostuvo que "la clave para reducirla es que el crecimiento del sector agropecuario llegue a todo el país".

"En lugar de combatir la miseria en la Argentina, como es su obligación y su deber, la estrategia de los Kirchner pasa hoy por demonizar la creación de riqueza", disparó el empresario del agro.

Además, resaltó que "los problemas no se arreglan callando las voces que los enuncian ni maquillando los índices". En este sentido, exigió "estadísticas transparentes, no problemas invisibles".

Al respecto, reflexionó: "¿Cómo se explica que los contribuyentes, hasta los de menores recursos, deban aportar 600 millones de pesos anuales para financiar la transmisión de los partidos que antes costeaba una empresa privada?"

Y, señaló que con esos fondos "se podrían eliminar las retenciones a todas las economías regionales".
Por último, aludió a que se necesita "una oposición con coraje, que asuma su responsabilidad de poner límites, de decir que no. Una oposición sin miedo a oponerse".