No cambió nada. Igual que en la guerra gaucha I y II, Néstor Kirchner tiene el control absoluto en la relación entre el Gobierno y la Mesa de Enlace. A pesar de los gestos de apertura y diálogo que se intenta instalar desde la Casa Rosada, es en la Quinta de Olivos donde se siguen tramando las estrategias gubernamentales para lidiar con el campo. Los ejecutores de las órdenes de Néstor, a quienes los representantes del agro critican cada día, tienen más poder que antes: son el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

El “nuevo” plan de K es, otra vez, intentar dividir el frente rural otorgándoles distintos beneficios a sus diversos integrantes. En Olivos el enojo con los ruralistas es el mismo de siempre: “Quieren voltearnos. Sacarnos del gobierno. No por las cosas que hicimos mal, sino porque les molestan las que hicimos bien, como nuestra lucha por los derechos humanos. Ustedes, los medios, son forros de los intereses de la derecha y se dejan operar por el campo”, se enojó ante Crítica de la Argentina un secretario de Estado que habla varias veces al día con la presidenta Cristina y con su esposo.

El primer paso del Gobierno en esta guerra gaucha III se cumplió el jueves pasado. La Casa Rosada dejó trascender que buscaba una reunión con la Mesa de Enlace, ante la que haría concesiones como la baja de las retenciones al trigo y al maíz, pero a la vez se operaba un escenario en contrario: ese día, la presidenta Cristina anunció un nuevo esquema de reparto de la Cuota Hilton. El organismo encargado de manejar ese negocio ya no será la Secretaría de Agricultura, sino que ahora pasará a la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), cuyo titular es Emilio Eyras, un subordinado político del ultra-K Echegaray. Ese cambio fue aprobado por Néstor y ejecutado por su esposa. Terminó de cerrarse el lunes pasado, contaron fuentes del sector presidencial.

Ese gesto, el de darle más poder al irreductible Echegaray, exasperó a los representantes del agro. Pero de manera repentina abrió una grieta en una de sus patas parlamentarias, el Grupo Pampa Sur, encabezado por la ex diputada santafesina María del Carmen Alarcón, hasta ahora una defensora absoluta del ruralismo: “Es casi el primer anuncio en torno a la cadena productiva esclarecedor sobre un punto concreto y finalmente con un sesgo de transparencia en todo lo atinente al área”, dijo en un comunicado Alarcón, y agregó una crítica a la dirigencia del agro: “Me extraña también que desde el facilismo, y no desde el razonamiento casi lógico, la Mesa de Enlace critique esta medida”. En el Gobierno, por supuesto, celebraron esos dichos y se encargaron de difundirlos a través de la agencia oficial Télam. Lo mismo hicieron con un comunicado de apoyo al nuevo esquema de Hilton que difundió la Federación Gremial de la Carne: “El Gobierno vuelve a llevar a cabo una medida que beneficia a todos los argentinos, defendiendo al mismo tiempo el mercado interno y externo”.

El reparto de la Cuota Hilton, un negocio multimillonario, estuvo siempre cuestionado durante el kirchnerismo. Incluso constituyó el motivo por el que fue procesado por primera vez un funcionario del oficialismo, el ex secretario de Agricultura, Miguel Campos. Fue en 2005. Un siglo atrás.

El titular de la Federación Agraria de Entre Ríos, Alfredo De Angeli, criticó duramente al ex presidente Néstor Kirchner y advirtió que el Gobierno tendrá que consensuar con el campo "porque sino se queda sin fondos". También dijo: "Si el oficialismo no nos entiende hay posibilidades de que vuelvan los paros".

"Néstor Kirchner está entregado y se le viene la noche", sostuvo el dirigente ruralista. "Ahora en agosto va a ser peor porque hay que renovar todo. Va a tener que venir a buscar la solución... el gobierno nacional va a tener que buscar un acuerdo con nosotros", advirtió.

De Angeli dijo que el campo está varado "pero con una luz de esperanza después del 28 de junio". Aseguró que no le gustaría "nunca más" volver a hacer paros, pero que "si el gobierno no entiende, puede ser".

En el programa Nombre de pila, que saldrá al aire esta noche por radio Mitre, el ruralista dijo que no se arrepiente de "haberle dicho pelotudo [a Néstor Kirchner]" porque él los trató de golpistas. "¿Cómo va a decir que cambiamos los tanques por los tractores?", preguntó.

Planes

El dirigente dijo que le gustaría ser gobernador pero que antes "hay que hacer muchos acuerdos". También aseguró que le gustaría ser presidente. "Si me tocara, me rodearía de gente buena y bien intencionada, y apostaría a la educación y a la producción", sostuvo. "Así cambiás el país", sentenció.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) dispuso el alerta sanitario y ordenó fortalecer medidas de control, diagnóstico, prevención y vigilancia en el país, tras detectarse influenza A en porcinos.

La medida salió publicada este viernes en el Boletín Oficial. La resolución 4892009 indica que la Argentina se encuentra afectada por una epidemia del virus de la Influenza Tipo A (H1N1) en humanos, con alta circulación viral en los principales centros, y que existen antecedentes de la transmisión de la enfermedad de las personas a los cerdos.

En tanto, el organismo aclaró que no hay riesgo para el consumo de carne de cerdo y sus derivados, porque la enfermedad no se transmite por esa vía a los humanos. Si se recomendó en cambio que cualquier persona con síntomas de la gripe A no debe acercarse a los cerdos, porque sí pueden contagiar a los animales.

Este virus ha sido considerado como enfermedad emergente en cerdos y en su carácter de denunciable de manera obligatoria, y comunicada a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).

El pasado mes de junio, el SENASA junto al INTA, universidades nacionales, el Instituto Malbrán y veterinarios privados informaron que un estudio hecho en el marco de los controles y actividades de vigilancia epidemiológica dieron como positivos que cerdos de un criadero en la provincia de Buenos Aires portaban el virus H1N1.

El criadero está ubicado en la zona del oeste de la provincia de Buenos Aires, a unos cien kilómetros de la Capital Federal.

A principios de julio, las autoridades sanitarias dijeron que sospechaban del contagio de dos trabajadores de una granja a los porcinos infectados, pero no pudo comprobarse que los humanos portaran el virus.

En el campo asoma un conflicto interno, diferente al que las cuatro entidades patronales sostienen con el gobierno nacional. La bronca viene por el lado del sindicato de los peones –Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, Uatre–, que apoyó a sus empleadores en la puja contra la resolución 125 de las retenciones a las exportaciones de soja, pero que ahora les reclama que cumplan la ley a la hora de cargar el cereal en camiones, desde los silos bolsa.

La seccional General López de Uatre anunció que el lunes cortarán el cruce de las rutas 33 y, en las afueras de Venado Tuerto, como protesta porque hay productores agropecuarios que eluden al gremio a la hora de contratar personal para sacar sus granos de los silos bolsa, un sistema que cobró auge en los últimos años, dado que permite al propietario guardar el cereal en buenas condiciones sin necesidad de pagar por ello a los acopiadores.

El problema es que los productores no acuden a Uatre en busca del personal, y en lugar de estipular el jornal en relación a los quintales operados (100 kilos), lo hacen por tonelada (cada 1.000 kilos).

“La Comisión Nacional de Trabajo Agrario establece que la carga de camiones debe hacerse con la bolsa de trabajo del gremio y ellos (los productores) lo desconocen”, protestó Daniel Angelozzi, titular del sindicato en la zona, en declaraciones al diario La Capital.

En la vereda de enfrente, Eduardo Sánchez Bustamante –presidente de la Sociedad Rural Venado Tuerto– aseguró que “no es obligatorio acceder a esta demanda si se cuenta con personal propio. No hay legislación vigente que lo obligue".

Por esa diferencia de criterios, los precios que se pagan hoy en esa zona del sur santafesino son muy dispares, varían de 30 a 300 pesos. El ruralista criticó la posición de Uatre: “Quieren que se pague 300 pesos por camión sólo para mirar cómo se carga, ya que con el método de chupadora sin paleo no hay trabajo para hacer”, dijo. Angelozzi, en cambio, mostró otra conjetura: “Seguramente, no quieren pagar lo que se firmó por la gran cantidad de cereal en negro que se comercializa y que ellos no quieren que quede asentado en ningún lado”.

La presentación por parte de Cristina de Kirchner de una nueva reglamentación en la distribución de los cortes de la denominada cuota Hilton (de alto valor, destinados al mercado de la Unión Europea), generó una fuerte reacción del campo.

"Lamentamos la presencia de la Oncca. Lo lamentamos porque hoy la Oncca es la que está trabando todas las exportaciones. Indudablemente, Moreno tuvo algo que ver, el diablo siempre mete la cola", dijo Gonzalo Álvarez Maldonado, de Coninagro.

"Nos invitaron al velatorio del pequeño productor", aseguró el vicepresidente segundo de la Federación Agraria (FAA), Ulises Forte. "Entre la Oncca y la AFIP deciden el futuro del campo, esto es muy lamentable. El lugar donde hay que discutir estos temas en la Secretaría de Agricultura", subrayó.

"Hay que tener grandes espaldas económicas y financieras para poder exportar, se va a premiar al que tenga plata. Acá no hay nada para aplaudir: esto va a generar más concentración, no más transparencia", agregó Forte.

La presidente Cristina presentó un nuevo esquema de distribución para las exportaciones de la 'Cuota Hilton', que se sustenta en el nivel de cumplimiento y mayor valor agregado en los cortes vacunos que se envíen a Europa, el mantenimiento de los puestos de trabajo en los frigoríficos y el abastecimiento del mercado interno.

La presidente Cristina Kirchner anunció este jueves la nueva reglamentación del esquema de asignación y distribución de la Cuota Hilton, que establece que la nueva autoridad de Aplicación será la Oficina de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), en lugar de la Secretaría de Agricultura.

Entre los cambios anunciados se exigirá como requisito para los frigoríficos exportadores y grupos de productores que quieren competir por una cuota-parte de la cuota Hilton, tener un abastecimiento en el mercado interno y mantener los puestos de trabajo en las plantas.

La medida le otorga más poder a la ONCCA, en medio de los reclamos de dirigentes de la oposición y de las entidades agropecuarias, que pedían, justamente, lo contrario.

En el acto, que se realizó en la Casa de Gobierno, Cristina calificó la medida como "un salto de calidad institucional sin precedentes" y luego de cuestionar el mecanismo utilizado hasta ahora, aclaró que el nuevo sistema "premia al que tiene más esfuerzo e inversión y no el que tiene más poder de lobby".

Los nuevos parámetros que regirán son los siguientes:

* Desde el punto de vista de la exportación, ya no se mirará nada más que la performance exportadora en valor de los últimos años, sino que se distinguirá ese desempeño en volumen, pero también "calculando el precio promedio de exportación, buscando premiar a aquel que exporte el corte más caro, que agrega más valor".

* Se va a valorar el esfuerzo de abastecimiento en el mercado interno a precios accesibles.

* Se va a valorar mantener el mantenimiento e incremento del empleo en las plantas.

* Se va a evaluar el cumplimiento del cupo de la cuota asignada.

¿Qué es la Cuota Hilton?

La Cuota Hilton es un cupo de exportación de carne vacuna sin hueso de alta calidad y valor -bife angosto, cuadril, lomo, nalga, bola de lomo, cuadrada y peceto- que la Unión Europea otorga anualmente a países productores y exportadores de carnes.

La Argentina exporta el 49% de las US$ 60.250 millones de toneladas de la Cuota, cortes de carne de animales de entre 22 y 24 meses de edad, alimentados exclusivamente en pasturas, cuyo peso a la faena no excede de 460 kilogramos vivos, de calidad especiales o buenos, denominados cortes vacunos especiales en cartones Special Boxes Beef, cuyos cortes estén autorizados a llevar la marca "SC" (Special Cuts).

La familia Magnasco, un ícono de la lechería y quesería en el país, cierra su primer tambo en más de 150 años. "No nos dan los números y tenemos que cerrar", señaló su dueño Atilio Magnasco, quien responsabilizó a las políticas del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Este viernes, en protesta por la falta de acuerdo en los precios que se pagan al sector, los tamberos regalarán frente a los supermercados de varios puntos del país, sachets de leche.

Fundada en 1855, Magnasco Hnos se dedica a la elaboración y a la comercialización de productos derivados de la leche y a la explotación agrícola ganadera, pero cerrará uno de sus cuatro tambos propios (alquila otros cinco) porque tiene pérdidas.

Magnasco producía 22.000 litros de leche por día en sus tambos propios, con 1.100 vacas. Ahora, el tambo que cierra se destinará a la agricultura, específicamente al cultivo de papa.

"No nos dan los números y tenemos que cerrar, vender y hacer caja para pagar cuentas", le dijo Atilio Magnasco al matutino 'Clarín' y responsabilizó al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

"Guillermo Moreno nos llevó al desastre", reconoció y contó que en Tandil, donde hay 400 tambos, 20 tuvieron que cerrar sus tranqueras.

El productor explicó que la medida, inédita en las historia tambera de esta familia, fue difícil, pero en defensa de su propia firma que, además de yogures, cremas y ricotta, también produce quesos cuartirolo, gruyere, fontina, mozzarella, gouda, sardo, tybo, por salut sin sal, entre otros, dijo que "la industria, por ahora, sigue".

Atilio Magnasco explicó que el costo de producción de leche es de $1,15 para quien deba alquilar la tierra, y alrededor de $1 con rodeos de lecheras en campo propio. Lo que recibe un tambero, añadió el productor, son $0,82 por litro de leche al pie de la vaca.

El empresario agregó que, sólo en Tandil, donde hay casi 400 tambos, en el último lustro -"desde que subió Néstor"-, acota, se cerraron 20 tambos, lo que implica una pérdida de 100 puestos de trabajo. Magnasco destacó que "de las empresas lecheras, sólo un tercio de las 240 empresas de punta que llevan gestión económica, salían hechas, en los últimos tres años".

Este viernes, tamberos de todo el país protagonizarán una protesta regalando leche en la puerta de los supermercados por la falta de acuerdo en los precios que se pagan al sector.

El presidente de la Cámara de Productores Lecheros de Entre Ríos (CAPROLER), Ricardo De Pino, detalló que planifican realizar la entrega en Mar del Plata y Tandil, en provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Córdoba y, en Entre Ríos, la protesta será en la capital entrerriana.

"Nuestros costos están por encima de un peso por litro y cobramos el litro a 80 centavos, eso demuestra el estado de gravedad del sector", dijo De Pino en declaraciones a la radio de Paraná, 'LT14'.

Los tamberos comprarán la mercadería en sachets y luego la repartirán. Junto al producto, entregarán un panfleto explicativo sobre la diferencia entre el precio que recibe el tambero por su materia prima y lo que paga el consumidor en la góndola.

Escenas del nuevo kirchnerismo: ayer por la mañana, mientras el ministro del Interior, Florencio Randazzo, arreglaba los detalles de su encuentro con la oposición, el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, organizaba las invitaciones a las principales entidades del campo para que participen del acto de la reglamentación de la Cuota Hilton que se hará hoy en la Casa Rosada. Hace más de un año que el Gobierno no convocaba a la Mesa de Enlace del agro a un evento de ese tipo. Inédito. Pero insuficiente. Los ruralistas desconfían de las nuevas y supuestas buenas intenciones del Gobierno. Los jefes del agro coordinaron entre sí eludir la invitación K: mandarán a la Casa Rosada sólo a técnicos de bajo perfil.

La Mesa de Enlace, en cambio, sí protagonizarán una reunión con los principales dirigentes de la oposición que se hará en el hotel Continental, justo unas horas antes del acto presidencial dedicado al sector.

El vicepresidente de la Federación Agraria, Pablo Orsolini, hizo de vocero del malestar que generó en sus compañeros la repentina invitación que les hizo el oficialismo: “Es importante saber en qué consisten los avisos del acto. Quisiéramos saber de qué forma se va a anunciar. Nos hubiera parecido un poco más interesante que primero nos hubiesen convocado”.

El titular de la FAA, Eduardo Buzzi, se expresó en el mismo sentido: “Vamos como observadores”, dijo. El resto de las entidades agrarias, Coninagro, CRA y la Sociedad Rural, también se mostró escéptico ante las novedades, según pudo saber este diario.

El Gobierno, mientras tanto, afirma que el campo estará sentado en el aún virtual Consejo Económico Social. Otra escena impensada: lo confirmó anoche el titular de la UCR, Gerardo Morales, parado en las puertas de la Casa Rosada, cuando relató los detalles de su reunión con Randazzo.

Más allá de su paso en falso de hoy, los Kirchner intentarán dar un giro en su política con la Mesa de Enlace. La derrota electoral debilitó las posiciones más ultras al respecto. La idea del matrimonio gobernante (sobre todo la de Cristina) es volver al diálogo. Va a ser complicado, teniendo en cuenta que el propio secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, deja trascender que quiere renunciar para no seguir conviviendo con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Para aliviar esas tensiones, el oficialismo estaría dispuesto a hacer algunas concesiones, como aceptar una rebaja en las retenciones a las exportaciones de maíz y trigo y modificar medidas para impulsar la producción de carne y leche, aseguraron funcionarios de acceso diario a la Quinta de Olivos. Eso sí: los Kirchner no aceptarán bajar las retenciones a la soja, el pedido más insistente de los ruralistas desde la guerra gaucha I. Anoche, un influyente secretario de Estado analizó que eso no sólo provocaría una baja notable en la recaudación, sino que alentaría todavía más la siembra de ese cultivo.

Los Kirchner leyeron en los últimos días un informe del INTA que afirma que este año se cosecharán más de 50 millones toneladas de soja. Suficiente para ellos.

El jefe del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, presentó esta tarde las propuestas parlamentarias del Acuerdo Cívico y Social (ACyS), alianza opositora integrada también por el socialismo y la UCR.

Pérez habló primero de "revertir una tendencia económica recesiva, y muy manifestada, sobre todo en los últimos meses" y aseguró que "se han incrementado los despidos y las suspensiones". Agregó: "Hay una retracción en la economia; los números no hacen más que hablar?"

El diputado dijo que la propuesta es prorrogar por seis meses todas las alícuotas vigentes respecto a los derechos de exportación y que "hay que fijar por ley las retenciones para la carne, la leche, el trigo y el maíz, que tienen que ser de valor cero".

Pérez también dijo que el proyecto incluye reducir la soja "hasta el 25 por ciento de retención". Habló de "políticas para la reactivación económica" y mencionó una "modificación tributaria".

Sostuvo que los legisladores del ACyS quieren reducir dos puntos el IVA y eliminar las exenciones "que existen en Ganancias". También se mencionó la idea de gravar la renta financiera y de reducir el costo fiscal de las empresas, "para que sostengan el nivel de empleados".

Pérez sostuvo que quieren que la coparticipación del impuesto al cheque y que la "eliminación del mismo para pymes". Respecto al Gobierno, el diputado pidió "otorgar autonomía a la Oncca y al Indec, y la designación por concurso de los funcionarios que integran estos organismos".

Por otro lado, el diputado apuntó que los legisladores de la CC van a insistir con su propuesta "que lleva más de diez años y que tiene el apoyo de muchos bloques parlamentarios" de establecer un ingreso ciudadano a la niñez.

"Hay que revertir un proceso de exclusión y pobreza muy fuerte", aseguró. Explicó que el proyecto es que "todos los niños reciban 200 pesos por mes para ser administrados por sus madres" y que, como contrapartida, las madres deberán "incorporar a los chicos al sistema educativo y sanitario".

Pérez también dijo que quieren reformar el Consejo de la Magistratura, eliminar los superpoderes, establecer la boleta única para las elecciones y quitarle "al ministro del Interior las facultades que tiene para organizar el proceso electoral".