El titular de la Confederación General del Trabajo, Hugo Moyano, tendría en sus planes pasar a controlar el negocio del transporte de granos en todo el territorio argentino, según comentan diversas fuentes del sector transportista.

La meta de Moyano es proyectar a nivel nacional a la Federación de Transportadores Rurales Argentinos (FTA), con sede en la ciudad de Rosario, con el objetivo final de implementar pleno control sobre las tarifas que pretenden cobrar los transportistas de FTA.

La intención de Moyano es desplazar a un segundo lugar a la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac), cuyos dirigentes se encuentran enemistados con los representantes de FTA.

La metodología de Catac y FTA para negociar los valores de las tarifas con los productores agropecuarios es completamente diferente.

Los dirigentes de Catac buscan negociar valores de referencia con los dadores de carga y luego intentan que esos precios se respeten. En cambio, los transportistas de FTA ejercen presiones directas para que se les pague el precio que ellos consideran conveniente.

"Moyano interpretó que el sector rural no está captado por una federación de transportistas fuerte y con peso; por eso comenzó a mover a sus caciques de batalla para tratar de manejar el negocio", afirmó un alto dirigente del sector que prefirió no revelar su identidad.

Si bien FTA opera principalmente en la zona sur y centro de Santa Fe, días pasados se  se sentaron lñas bases para conformar un centro de transportistas en la ciudad bonaerense de Junín (el objetivo es abrir "filiales" en diversas localidades extra-santafesinas).

El gobierno nacional asignó a  la lucha contra la gripe A un total de mil millones de pesos, por lo que esta cifra, que ya tenía destino, se reasignó. Lo que ahora se sabe es que de este total el cuarenta por ciento (400 millones), lo pone en sector agropecuario.

El sesenta por ciento restante se divide entre el Ministerio de Planificación (300 millones), Enarsa (210 millones) y el resto del Ministerio del Interior (90 millones).

Si bien existieron voces del sector que solicitaron se disponga para la lucha contra la gripe A de los recursos denominados Fondo Solidario de la Soja, ahora se conoce que se reasignarán recursos de los denominados subsidios y compensaciones.

Es así que el mayor recorte lo sufrirá el Ministerio de la Producción, cuyo presupuesto cuenta a partir de hoy con 400 millones de pesos menos. La mayor parte, a su vez, es de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), que dispondrá de 340 millones de pesos menos para subsidiar a empresas vinculadas con los mercados locales de trigo, maíz, girasol y soja.

Los otros 60 millones de pesos que saldrán del Ministerio de la Producción estaban originalmente destinados a financiar a empresas en el marco del Programa para el Desarrollo de las Inversiones Nacionales de la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones.

A pedido del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, fabricantes nacionales de maquinaria agrícola abrieron hace algo más de un mes una negociación con Sergio Chodos, administrador del dinero que tenían las ex AFJP de sus aportantes. Como resultado de una serie de encuentros, el organismo comenzó a evaluar una línea de financiación que cubriría hasta el 70% del producto que deseen comprar los productores.

El aporte de la Anses sería un nuevo intento para revivir un mercado que no remonta desde que en marzo del año pasado estalló el conflicto por las retenciones móviles. De hecho, según fuentes del sector, en el primer cuatrimestre de 2009 las ventas cayeron, versus igual período de 2008, entre un 80 y un 90 por ciento.

Si bien los detalles sobre cómo se otorgarían los créditos todavía están en análisis, según se pudo saber de fuentes empresariales la Anses buscaría un mecanismo especial para canalizar los préstamos. Por su parte, el cobro de la amortización de los préstamos se haría por intermedio del Banco Nación. Lo que aún tampoco se sabe es qué monto total destinaría el organismo para financiar maquinaria agrícola.

"Estamos trabajando con la Anses para su implementación", confirmó Manuel Dorrego, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma). "Será exclusivamente para maquinaria nacional y lo máximo que se reconocería es el 70% del valor (de la máquina)", añadió el ejecutivo de la entidad.

Un dato no menor de estos créditos es que serían de responsabilidad compartida. Es decir, si el cliente por alguna razón no pueda pagarlos, en última instancia serían responsables las empresas y sus propietarios. Con todo, las compañías todavía aguardan darle una respuesta formal a la Anses por este último requerimiento. Los industriales creen que los créditos podrían mejorar las perspectivas del sector. "Contribuiría a despertar el interés", remarcó Dorrego.

La tasa de los préstamos rondaría el 11%. Sería una tasa más alta que una línea del Banco Nación anunciada por el Gobierno en enero pasado por la cual los productores terminan pagando un 8% tras un subsidio oficial de 6 puntos. Este último crédito, que vence en agosto próximo, "está funcionando muy bien", según destacó un alto directivo desde Cafma. De hecho, en la entidad están solicitando que esa modalidad se extienda hasta fines de año.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) alertó por la alarmante pérdida de puestos de trabajo a lo largo de los distintos eslabones de la cadena agroindustrial.

“Esto es consecuencia de las desacertadas políticas económicas llevadas adelante por el gobierno nacional a través de su modelo antiproductivo y antiexportador, el cual viene provocando crecientes niveles de recesión y desempleo, profundizado en el interior del país”, indicó un comunicado de prensa emitido por la entidad.

“La paralización de la actividad económica golpea con dureza a las comunidades del interior productivo, donde oportunistas promesas de obra pública y gestiones en medio de la campaña electoral, no alcanzan para revertir el cuadro de alarma y preocupación”, agregó la entidad agropecuaria.

“Una situación similar ocurre en los conglomerados urbanos del Gran Buenos Aires, donde tiene su principal asiento la agroindustria fabril, ya que son víctimas de una serie inagotable de regulaciones contraproducentes, como las trabas a las exportaciones, que no sólo dificultan su normal desenvolvimiento, sino que, además, provocan la lamentable caída de la demanda de mano de obra”, apuntó el comunicado.

“Expresamos una vez más la urgencia de modificar la política agro económica, ante la necesidad de revertir la tendencia que viene golpeando al trabajo y la producción”, concluyó Carbap.

Este lunes 13 se reunió en Rosario la Comisión de Lechería de FAA, de la que participaron representantes de todas las cuencas tamberas del país. “Definimos acompañar con fuerza la medida de protesta lanzada por la Mesa Nacional del sector y la Comisión de Enlace para este viernes 17, que consistirá en regalar sachets de leche en la puerta de grandes supermercados, expresando nuestro repudio a las políticas para el sector implementadas por el gobierno nacional, que castigan por igual al productor y al consumidor", indicó Guillermo Giannasi, titular de la Comisión.

Enseguida, el dirigente de FAA agregó: “Ahora que el gobierno nacional habla de invitar a los actores sociales a dialogar en profundidad sobre los problemas del país, en la reunión se coincidió en que no debe haber proscripciones para nadie, porque las urgencias del interior no admiten más dilaciones”. 

La medida del sector lechero para el viernes 17 es la continuidad de un plan de protestas definido por las bases tamberas de todo el país en una gran asamblea nacional, que se hizo en San Francisco en junio. “Habrá presencia en grandes supermercados de las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Rafaela, Mar del Plata, Lincoln y General Villegas. Vamos a explicar a la comunidad que si no hay medidas urgentes, seguirán cerrando tambos, y que ya no se soporta un esquema en el que un productor tiene que vender cuatro litros de leche para comprar una botella de agua mineral. Hay una fuerte distorsión en la cadena de comercialización", finalizó Omar Barchetta, secretario gremial de FAA.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informó que en el día de la fecha confirmó la detección del virus de influenza humana A (H1N1) en cerdos en un establecimiento ubicado en la provincia de Buenos Aires, motivo por el cual dispuso su interdicción para observar la evolución de la enfermedad y determinar las medidas a adoptar. 

Asimismo estableció un radio de 3 kilómetros alrededor del establecimiento en el que se registró el caso, donde se iniciaron acciones de rastreo epidemiológico en los cerdos de los predios allí localizados con el objetivo de verificar su estado sanitario. 

Este es el segundo caso en el que se registra la presencia de la enfermedad en un establecimiento productor de cerdos. El primero tuvo lugar en junio pasado en una granja ubicada en la localidad bonaerense de San Andrés de Giles. 

La novedad fue comunicada a los ministerios nacionales de Salud y de la Producción; a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (Sagpya) y a los ministerios bonaerenses de Salud y de Asuntos Agrarios. 

El Senasa recuerda a los productores que deben evitar la presencia de personas con síntomas de gripe en sus establecimientos para prevenir el contagio de los cerdos. 

Asimismo, el Organismo recuerda a la población que la enfermedad no se transmite por el consumo de carne de cerdo y sus derivados (chacinados, embutidos, etc.), tal cual confirman la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO).  

El Servicio puso en marcha los mecanismos de notificación de la novedad a la OIE

Aunque la convocatoria al diálogo de Cristina Kirchner fue recibida con cierta desconfianza por parte de la oposición y principalmente los sectores agrarios, enfrentados con el oficialismo desde marzo de 2008, este sábado el titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, y el presidente de la filial entrerriana, Alfredo De Angeli, aceptaron el llamado pero no se entusiasmaron más de la cuenta.

Eduardo Buzzi advirtió que "no está en la naturaleza del matrimonio presidencial llamar al diálogo" y dejó en claro que "si no hubiesen tenido una derrota electoral no habría ningún llamado". Mientras, el ruralista entrerriano pidió que el diálogo "sea acompañado de soluciones" y remarcó que no se van a sentar a dialogar "para la foto".

Buzzi también indicó que "sería saludable" la eventual salida del gobierno del polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. "Si vamos para ese escenario de modificaciones de verdad, de suprimir a actores que fracasaron como Guillermo Moreno, cuyas políticas son un desastre, ojalá que así sea", indicó el dirigente agropecuario en charla con radio Mitre y 10.

Luego de que el jefe de la AFIP, Ricardo Etchegaray, admitiera que podría llegar a discutirse la alícuota de las retenciones, los derechos de exportación serán uno de los principales temas de la agenda sobre la que dialogarán con la Presidente. El titular de la FAA aseguró que "hay que tocar para abajo, a los productores sojeros más chicos", y agregó: "hay que hacer de las retenciones un instrumento que actúe y facilite que se pueda estimular el trigo, el maíz, el sorgo",

"Que se convoque a dialogar a los sectores de la industria y del trabajo, a los productores agropecuarios y que se les ponga límites a sus amigos del sector financiero que tuvieron formidables ganancias en los últimos tiempos son cuestiones que impone la hora luego del 28 de junio", remarcó Buzzi, en alusión a la jornada electoral donde el kirchnerisno sufrió su primera derrota en seis años.

Por su parte, De Angeli opinó que "lo que pasó el 28 de junio fue que más del 65% de los argentinos le dijeron 'no' a este Gobierno, principalmente en el interior del país. El Gobierno entendió esto", expresó y añadió que "hace mucho que estamos esperando el diálogo, pero tiene que haber soluciones sino estamos igual que el año pasado".

"Estamos esperando ansiosos, los productores están desfinanciados y endeudados. Por la sequías se perdieron cosechas, murieron muchos animales. Necesitamos una solución, ya que somos un sector importante para el país", señaló el entrerriano en diálogo con radio La Red.

Entre los proyectos más recientes sobre RETENCIONES agrícolas presentados por las diferentes fuerzas políticas presentes en la Cámara de Diputados existe una amplia diversidad de criterios.  
Mientras que algunos quieren “remixar” el esquema de retenciones móviles, otros directamente proponen eliminar los derechos de exportación sobre algunos productos. En ciertas ocasiones las metodologías propuestas son un tanto difíciles de interpretar, mientras que la mayor parte menciona la promesa de compensaciones a pequeños productores. Veamos.

Cuatro diputados oficialistas, liderados por Alberto Cantero Gutiérrez (FpV Córdoba), presentaron un proyecto para instrumentar un esquema de retenciones agrícolas móviles por medio de una escala que, a los precios FOB vigentes, gravaría a la soja con una alícuota del 38% y al maíz con un 20%. El proyecto también contempla un régimen de compensaciones para pequeños productores, aunque “excluye al arrendador comerciante de granos que, siendo titular de inmueble rural lo arrienda, obteniendo como pago soja o girasol”. Además, contempla un régimen de compensaciones de fletes para productores con explotaciones radicadas a más de 350 kilómetros de distancia del puerto de embarque (ver proyecto completo aquí).

Laura Montero, Daniel Katz, Juan Carlos Scalesi y Jorge Albarracín son cuatro diputados de Consenso Federal (cobismo) que presentaron un proyecto por medio del cual se establecen retenciones fijas decrecientes. Por ejemplo: en el caso de la soja un 28% en el primer año, un 20% el segundo y 15% desde el tercer año en adelante. En el caso del trigo y el maíz la escala es del 15%, 10% y 5,0%. La iniciativa contempla un régimen de compensaciones para productores que no superen las 1500 toneladas anuales de soja y girasol, aunque el mismo excluye “al arrendador comerciante de granos que, siendo titular de inmueble rural lo arrienda, obteniendo como pago soja o girasol” (ver proyecto completo aquí).

Un proyecto presentado por 15 diputados de la Coalición Cívica, UCR, PRO, Justicialismo independiente, Socialismo, Frejuli y el Partido Liberal de Corrientes propone retenciones fijas del 25% para la soja, del 20% para el maíz y del 15% para el trigo, el sorgo y el girasol. La iniciativa contempla una “bonificación” del monto resultante del derecho de exportación establecido hasta las primeras 1000 toneladas comercializadas de soja, 2400 de trigo y de maíz, 1800 de sorgo y 900 de girasol. También indica que el productor, al momento de realizar la venta del grano, “emitirá un título que representará el monto equivalente al derecho de exportación implícito al día de la venta” y añade que dicho “título será endosable y permitirá al exportador descontarlo de su liquidación de derechos de exportación” (ver proyecto completo aquí).

Los diputados justicialistas por Santa Fe Ariel Dalla Fontana, Walter Agosto y Jorge Obeid redactaron un proyecto que establece retenciones 0% para el trigo, maíz, sorgo y girasol y del 0% para las primeras 600 toneladas comercializadas de soja, del 15% para las 601 a 1500 toneladas de soja y del 20% para las 1501 toneladas de soja en adelante (ver proyecto completo aquí).

Los diputados justicialistas entrerrianos Gustavo Zavallo, María Cristina Cremer de Busti y María de los Angeles Petit propusieron un proyecto con retenciones fijas del 20% para maíz, trigo y sorgo y del 30% para soja y girasol. Pero la iniciativa contempla que cinco puntos de lo pagado en concepto de retenciones se podrá emplear como pago a cuenta del impuesto a las Ganancias. También determina un régimen de compensaciones para productores que no superen las 2000 toneladas anuales de producción de granos (ver proyecto completo aquí).

Los diputados Eduardo Macaluse, María América González y Verónica Benas del SI y Claudio Lozano de Proyecto Sur elaboraron un proyecto que determina un esquema de retenciones móviles con alícuotas determinadas a partir de una fórmula. La iniciativa propone un régimen de compensaciones para pequeños y medianos productores y otro régimen de compensaciones “por aumentos de costos de producción”, el cual se instrumentará a partir de “un índice de costos base 100 que incluirá los siguientes insumos de producción: gasoil, fertilizantes y agroquímicos”. El proyecto indica que dicho índice de insumos “se utilizará para deducir el aumento de costos de cada cultivo del monto de las retenciones a la fecha de la venta de los granos” (ver proyecto completo aquí).

El diputado justicialista por Córdoba Arturo Miguel Heredia propuso una retención fija del 20% para el trigo, maíz y girasol y del 28% para la soja. Su proyecto también contempla una alícuota diferencial de tres puntos menos para productores con una cosecha anual que supere las 2000 toneladas de todos los granos (ver proyecto completo aquí).

El efecto de las elecciones, y en especial la derrota sufrida en la provincia de Buenos Aires, sumada a los cambios de gabinete y la renuncia de Néstor Kirchner a la presidencia del PJ parece que impactaron en el gobierno nacional.

Ahora, Cristina Kirchner se llevó consigo al Calafate, donde pasará el fin de semana, una carpeta con una detallada propuesta elaborada por el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, para bajar las retenciones al trigo y al maíz.

La idea sería disminuir la carga impositiva a estos cultivos pero no está previsto que se modifiquen las retenciones que aún tiene la soja.

En este contexto, hoy se desató una polémica a raíz del tema porque, tras ser consultado por el tema, Echegaray le dijo a los periodistas: “No descarto nada”.

Sin embargo, hubo títulos de medios periodísticos en los que el titular de la AFIP aseguraba que descartaba una baja. Por eso después el funcionario tuvo que salir a aclararlo.

Afirmó que en su llamado al diálogo, la presidenta Cristina Kirchner incluyó también al sector agropecuario, aunque destacó el rol distributivo de los derechos de exportación.

"Todos los temas impositivos que conciernen al campo" van a ser parte de la conversación, señaló el polémico ex titular de la Oncca. No obstante, antes había afirmado que "las retenciones son el eje de la política de distribución de la riqueza" en diálogo con radio El Mundo.

"El diálogo es con todos los sectores. Los dirigentes agropecuarios siempre tuvieron las puertas abiertas. En pleno proceso electoral hubo reuniones con dirigentes de la Mesa de Enlace", dijo Echegaray.

"Vamos a seguir conversando con el resto de las entidades representativas de la actividad productiva de la Argentina tal como lo hicimos el martes último con la Unión Industrial Argentina (UIA). El diálogo es con todos los sectores", aseguró el titular de la AFIP.

La aclaración dio cuenta de que en el kirchnerismo están interesados en que se sepa que analizan bajar las retenciones, y por ello la rápida respuesta del funcionario. Ahora habrá que esperar si Cristina toma una decisión que aliviane la carga impositiva del campo.

Mientras tanto, Echegaray ya tiene en agenda una nueva reunión con la Mesa de Enlace para intentar alcanzar consensos para medidas relacionadas con el sector.

A casi 23 años de su llegada al entonces próspero paraje del sur pampeano, los menonitas que cautivaron con sus costumbres, su apego a la labor de la tierra y la pertenencia a tradiciones que mantienen desde el siglo XVI, comenzaron a partir hacia una nueva colonia en Santiago del Estero, dejando atrás la primera tierra que labraron en Argentina.

Los menonitas arribaron a La Pampa a fines de 1986, en Remecó, jurisdicción rural de Guatraché, a 40 kilómetros del pueblo y unos 220 al sur de Santa Rosa, lugar en el que establecieron la colonia La Nueva Esperanza, enclavada en un lote de 10 mil hectáreas subdividido en nueve sectores o campos, cada uno con un jefe a cargo.

De los cerca de 2.100 colonos que hasta el año pasado ocupaban las tierras de Guatraché según censos extraoficiales realizados por escribanos y abogados que manejan los trámites migratorios de los menonitas, en los últimos meses alrededor de 980 abandonaron la zona para encaminarse hacia la colonia santiagueña de Las Delicias.

La intendenta de Guatraché y senadora nacional electa por La Pampa, María Higonet, dijo en diálogo con la agencia de noticias DyN que "si bien los menonitas desde hace tiempo poseen una nueva colonia en el noreste argentino y en general su población va y viene, en el último tiempo se advirtió un alejamiento constante" atribuido a los efectos de la sequía y su repercusión en la economía de una provincia cuyo motor es el campo.

Los menonitas se convirtieron en actores importantes de la economía regional, con un fuerte acento en la producción lechera y la agricultura, pero ganaron además prestigio en varias provincias por la habilidad demostrada en la construcción de muebles y silos, y la calidad de sus quesos que ofrecen desde La Pampa.

Con el paso del tiempo aquella barrera que marcaba su estricta organización social y sus costumbres comenzó a mostrarse más permeable hacia la sociedad pampeana, logrando en la actualidad un intercambio fluido con el comercio local y rompiendo con el mito del aislamiento.

Por eso la ausencia se advierte en muchos de los aspectos de la vida cotidiana del comercio provincial, dado que según los propios habitantes de la zona el descenso de más del 40 por ciento de la población menonita "impacta tanto o más que la sequía", según dijo un productor de la zona.

Según señalan en Guatraché, el traslado de los menonitas estaba previsto desde hace algunos años, pero los graves efectos de la sequía lo están acelerando de una manera desmesurada.

De hecho, la migración a Santiago del Estero formaba parte de un plan de lenta ejecución enmarcado en la costumbre histórica de una comunidad marcada por los éxodos, dado que en 2004 los menonitas argentinos adquirieron las 12 mil hectáreas que conforman La Colonia Las Delicias.

En mayo de 2005, confirmaron los jefes de Nueva Esperanza, se comenzó con las tareas de apertura de las calles, diseñadas para subdividir los dos primeros campos, mientras el colono Cornelio Frizen, en su carácter de jefe, fue el encargado de capitanear el denominado "éxodo pampeano".

Sin embargo, lo que en principio era un plan de ampliación para los menonitas se transformó en un traslado hoy persistente, protagonizado por más de un 50 por ciento de colonos nacidos en La Pampa.

La sequía jugó un papel protagónico en el éxodo, dado que en agosto de 2008 el gobernador Oscar Mario Jorge declaró en emergencia y desastre agropecuario al 96 por ciento del territorio, ya que la falta de lluvias afectó 13.800.000 hectáreas.

Según datos del gobierno provincial, a marzo de este año más de 8 mil productores pampeanos, el 90 por ciento del total, padecían las consecuencias de la sequía, que como agregado se profundizó en 2009 con el otoño más seco de los últimos 49 años.
Sin embargo, la actividad más castigada resultó la ganadería con una caída del 10 por ciento en su stock, sólo entre 2007 y 2008, período en que se pasó de 4.101.873 cabezas a 3.844.958.

En ese marco, el impacto en el proceso económico de La Nueva Esperanza fue el más fuerte en sus más de dos décadas en tierras pampeanas, dado que las consecuencias se hicieron sentir en la producción propia y además en la fuerte caída del consumo.

Los menonitas integran una secta cristiana anabaptista fundada por el sacerdote holandés Menno Simmons entre 1536 y 1543 y arrastran un pasado histórico de persecuciones y de defensa a ultranza de sus tradiciones medievales, rechazando el concepto de Estado y el confort.