En función de los proyectos legislativos presentados en el Congreso Nacional, sobre modificaciones a las retenciones agropecuarias, un informe elaborado por el economista del Ieral, Juan Manuel Garzón, plantea interrogantes sobre la segmentación del sistema.

El debate divide claramente las posiciones. De los ocho proyectos de ley analizados en el informe (todos de la oposición), hay cuatro que proponen incorporar un esquema de segmentación, cada uno con sus variantes y particularidades. Entre los que proponen la fragmentación, también hay diferencias. Dos propuestas plantean la segmentación para todos los cultivos (proyectos del diputado radical Ulises Forte y Movimiento Proyecto Sur) y tres la proponen sólo para la soja.

Según Garzón, la segmentación plantea interrogantes en materia de eficiencia, al generar una ventaja tributaria que puede proteger a explotaciones menos productivas; en materia de equidad, los derechos de exportación gravan a un producto y no a alguna manifestación de riqueza, ingreso o parámetro que refleje el bienestar del que goza el titular de la explotación y/o su entorno familiar (dos "iguales" pueden ser tratados "distintos").

También presenta interrogantes en materia de administración e implementación. Para el economista, el programa de compensaciones que administra la Oncca, la experiencia más parecida a lo que se quiere aplicar, ha tenido evidentes fallas en su aplicación.

Como crédito fiscal

Según el economista del Ieral, la opción de devolver los derechos de exportación mediante un crédito fiscal es probablemente la opción más conveniente, en función que tiene dos ventajas claras, la primera es que contribuye a la formalización de la economía, la segunda es que podría aplicarse de forma "más automática", en el sentido que el organismo recaudador podría otorgar estos créditos fiscales de forma relativamente simple y en un trámite administrativo corto (contra presentación de facturas de primera venta). La única desventaja del esquema del crédito fiscal es que puede "no alcanzar" lo que se paga de otros impuestos nacionales para compensar todo lo pagado en concepto de derechos de exportación. Situaciones de quebranto potencian este problema, advierte Garzón.

En la campaña 2009/2010, una explotación "tipo" localizada en el sudeste de Córdoba, que produce sobre campo propio, y asigna 60 por ciento de la tierra a soja, 20 por ciento a maíz y 20 por ciento a la secuencia trigo/ soja de segunda pagó unos 121 dólares por hectárea en concepto del Impuesto a las Ganancias (35 por ciento del margen neto de explotación) y unos 398 dólares en concepto de derechos de exportación.

En un esquema de devolución, a partir de crédito fiscal a imputar en el Impuesto a las Ganancias (IG), la explotación referenciada podría recuperar sólo el 30 por ciento de lo pagado por retenciones, precisa el informe.

En la campaña 2009/10, esta explotación "tipo" pagó una tasa impositiva efectiva (TIE) sobre ganancias del 70 por ciento (considerando lo que pagó de retenciones y suponiendo que pagó 35 por ciento del Impuesto a las Ganancias). La TIE ha estado por encima del 60 por ciento en las últimas siete campañas. Según precisa Garzón, si los derechos de exportación se hubiesen podido contabilizar como pago a cuenta de Ganancias, la TIE habría sido del 54 por ciento en la campaña referida y en todo el período superior al 40 por ciento. En este segundo caso, la TIE baja debido a que el productor puede recuperar todo lo pagado en el Impuesto a las Ganancias. El economista hace notar que esta segunda TIE ilustra también la presión impositiva efectiva que sufre un productor que evade el ciento por ciento del pago del Impuesto a las Ganancias (en el caso anterior se recupera el monto pagado, en este ese monto directamente no ingresa al fisco).

Informe completo en www.ieral.org

La Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) iniciará mañana un paro de 48 horas en plantas de acopio de todo el país en reclamo de una suba salarial.

El gremio confirmó hoy que la medida de fuerza se decidió en el plenario de Secretarios Generales y Delegados Regionales de todo el país.

El secretario general de Urgara, Alfredo Palacio, explicó que la medida de fuerza es "en reclamo de un aumento digno para los trabajadores de acopio, y que se equipare a los de los demás sectores dentro de la actividad".

Al referirse a las negociaciones paritarias, el gremialista señaló que "el sector de acopio es el único que no firmó aumentos, mientras los trabajadores de puerto obtuvieron una notable recomposición salarial".

"Coninagro y la Federación de Acopiadores ofrecen un irrisorio 25 por ciento", se quejó, y consideró que "el ofrecimiento es totalmente discriminatorio y profundizaría las diferencias".

"Además de no actualizar los niveles de remuneración siguen manteniendo a gran cantidad de compañeros cobrando parte del salario en negro, queremos terminar con esta injusticia", sentenció.

Días atrás se firmó en el Ministerio de Trabajo de la Nación entre URGARA y la Cámara de Puertos Privados Comerciales, donde se acordó un salario mínimo de $3325 ($ 3591 en Octubre) para la categoría más baja , $3720 ($ 4018 en Octubre) para la 2º y de $4689 ($5064 en Octubre) la categoría 1º. También se concordó el pago por única vez y de forma no remunerativa de $4000 junto a la liquidación del salario del mes de julio, y el abono además de $400 no remunerativo hasta junio de 2011 para la categoría 1º y de $200 para las categorías 2º y 3º.

Mientras que el acuerdo con el Centro de Exportadores y la cámara que agrupa a empresas de control prestatarias de servicios contempla un aumento salarial del 40% a partir del mes próximo y un aumento del 10% más a partir de enero de 2011. También se obtuvo el pago por única vez y no remunerativo de $2400 que se entregará en tres cuotas iguales a partir de la próxima liquidación.

Urgara agrupa a los trabajadores que intervienen en la cadena de comercialización granaria, verificando y determinando la calidad del grano, los cereales y los subproductos. Por sus manos pasa la mayor parte de la riqueza que produce el país

Para muchos legisladores de la oposición antes de fin de año “habrá un caso Badaro sobre retenciones”; o sea, un fallo que servirá como referencia para que los chacareros reclamen al Estado el cese de los derechos de exportación, tal como el que lo es ese dictamen para que los jubilados soliciten actualizar sus jubilaciones.

Es que el 24 de agosto vencen las facultades delgadas del Congreso al Gobierno para definir, entre otras cosas las retenciones a las ventas externas. Y el ministro del Interior, Florencio Randazzo, avisó que si no hay norma nueva seguirán implementándose las alícuotas actuales, a lo que siguieron varias interpretaciones judiciales que advierten sobre la ilegalidad de una decisión así.

La más fuerte es la del constitucionalista Daniel Sabsay, quien en la exposición de la Sociedad Rural Argentina consideró que si no hay norma que reemplace las facultades delegadas las retenciones desaparecen, una acción que le quitaría al Gobierno 8 mil millones del fisco.

En el Congreso los referentes opositores están divididos. Algunos, como el radical Ricardo Gil Lavedra, coinciden con el Gobierno en que las retenciones deben seguir si ninguna otra disposición indica lo contrario. Una postura similar tiene el diputado del Peronismo Federal Raúl Rivara. Pero otros, como el también radical Rubén Lanceta, consideran que estos impuestos deben volver a 2006, cuando fueron por última vez ratificados por el Parlamento.

“El gobierno en su ataque legislativo del año 2009 se olvidó de incluir en el paquete de leyes que aprobó la ratificación de la legislación delegada dictada desde agosto de 2006, entre ellas los aumentos de retenciones a los productos agropecuarios”, advirtió el diputado radical

“Por eso –prosiguió- con la caducidad de las facultades delegadas el 24 de agosto próximo los niveles de retenciones volverán a los niveles de agosto de 2006, un 23,5% para el poroto de soja, por ejemplo”.

Nuevos juicios

Mientras buscan acordar una nueva escala de retenciones, en la oposición alertan sobre una posible consecuencia si, como parece, eso no ocurre este mes: los chacareros podrían ir en masa a Tribunales a pedir que se elimine el impuesto.

Y tal vez no falten jueces que le den la derecha y, para los más aventurados, un nuevo fallo de la Corte Suprema que deje mal parado al Gobierno, como ocurrió cuando avaló una actualización de jubilaciones.

“Si eso pasa, los responsables serán ellos”, aclaran desde la oposición, donde ya hay quienes pretenden comenzar a aclarar ese tema desde ahora.

Es que “el Caso Badaro”, como se bautizó al fallo de la Corte sobre jubilaciones, tuvo como réplica del Gobierno una estrategia jurídica que bien podría repetirse ante una medida igual sobre retenciones: apelar cada caso particular y así demorar una definición de fondo sobre el tema.

Cada minuto que pasa sin que lo hagan, le significa al Gobierno menos erogaciones. Con las retenciones sería lo mismo.

El arco opositor en el Congreso intenta recuperar la potestad, delegada en su momento al Ejecutivo, de fijar el valor de los derechos de exportación (retenciones) y, simultáneamente, reducir los vigentes actualmente para el sector agropecuario.

Pero la rebaja de los derechos de exportación tiene más consecuencias que, simplemente, quitarle caja discrecional a los K.

Primero, se trata de un impuesto que, por su diseño, reduce el precio que recibe el productor por su producto. Esa reducción del precio beneficia, por un lado, al Gobierno, que se lleva la diferencia en forma de impuesto en el caso que el producto se exporte, pero también a los consumidores, que pagamos menos localmente, si el bien se vende en el mercado interno.

Aclaro con un ejemplo: si un kilo de lomo costara US$ 20 puesto arriba de un barco, en ausencia de retenciones, la alternativa del productor sería venderlo en el mercado local a $ 80 (si el dólar costara $ 4). Ahora, si el Gobierno le cobra un impuesto del 5% a la exportación de lomo, el productor, si exporta, recibiría US$ 19, (los 20 originales menos el 5%), y el Gobierno nacional se quedaría con el dólar de diferencia.

Pero si en lugar de exportarlo, el productor vendiera el lomo en el mercado local, su precio de indiferencia sería, en este caso, de $ 76 y los 4 pesos de diferencia, en lugar de cobrarlos el Gobierno, los “cobraría” el consumidor local.

En otras palabras, los impuestos a la exportación tienen dos efectos, reducen el precio local y aumentan la recaudación del Estado nacional (porque es un impuesto que no se comparte con las provincias).

Obviamente, si el producto en cuestión, en lugar de ser lomo, fuera aceite de soja que, prácticamente, no tiene consumo local, la introducción de retenciones o su baja no le cambiaría la vida al bolsillo de los argentinos, pero si al del Gobierno.

En segundo lugar, como se suele confundir, este no es un impuesto a las “ganancias extraordinarias” del productor, sino un impuesto a los ingresos del productor, independientemente de sus costos.

Es decir que puede darse el caso, como de hecho pasó, que un aumento de los precios de venta venga acompañado de un aumento superior de los costos. Es decir que, en lugar de una ganancia extraordinaria, el productor tenga una pérdida por estar pagando el impuesto que se calcula sobre el precio de venta, independientemente de los costos. Por supuesto, como en casi toda actividad productiva, la escala importa.

Ahora bien, si bajan los impuestos a la exportación, aumentan los precios que recibe el productor, de manera que si sacamos una foto de la situación actual y el resto de las variables permanece igual, aumenta su ganancia.

Si el productor opera en blanco, parte de esa ganancia se la lleva el Estado a través del impuesto respectivo. Pero este impuesto sí se coparticipa, en parte, con las provincias. De manera que cada peso de impuesto a la exportación que se convierte en impuesto a las ganancias reduce, en términos netos, los recursos nacionales, pero aumenta los recursos provinciales y, si se mantiene el actual reparto, los de la Anses.

La rebaja de los impuestos a la exportación implica, entonces, menores ingresos para la caja nacional pero mayores ingresos para las cajas provinciales y, dependiendo del producto y las condiciones del mercado, mayores precios para los consumidores.

A su vez, como las retenciones son un impuesto que desalienta la producción, porque reduce el precio y más se paga cuanto más se produce, su reemplazo por el impuesto a las ganancias alienta la producción y, donde se puede, subirá las cantidades producidas, generando mayor actividad en las economías provinciales y más recaudación en el resto de los impuestos. Por lo que la “pérdida neta de recursos fiscales nacionales” será mucho menor.

Dado, entonces, que la eliminación de las retenciones tiene efectos más amplios que los que se plantean, sería bueno que el debate de las próximas semanas incluyera temas vinculados con la necesidad de “blanquear” a los productores que hoy operan en negro. Y temas vinculados con el destino que los gobiernos provinciales darían, eventualmente, a los mayores ingresos que el cambio de sistema implica. Podríamos no sólo sacarle caja a los K, sino también mejorar el sistema impositivo y la asignación del gasto

"Que anunciara Cristina en Rosario el 18? Se viene la segmentación? La aplaudirán? Quienes forman parte de la Bolsa? Hay productores?"

Los Kirchner tienen cuentas pendientes con los productores agropecuarios. Los culpan por la derrota política de 2008 que inició la derrota electoral de 2009. Y no están dispuestos a volver a correr riesgos en 2011. Entonces, aprovechan 2010 cuando, además, el campo se entusiasma con la posibilidad de que acaben las facultades delegadas por el Legislativo al Ejecutivo, y éste ya no pueda fijar las alícuotas de los derechos de exportación. Ese es el tema central hoy día de la agenda a corto plazo de la presidente Cristina de Kirchner.

La soja volvió a subir, tanto en el mercado local como en Chicago, y marcó el mayor valor en lo que va del año. En Rosario, la tonelada disponible se consolidó en $ 1.020 pagados por la exportación, y para algunos lotes se llegó a ofertar $ 1.030.

El alza en el mercado local obedece a la necesidad de la exportación y la industria por hacerse de mercadería para cumplir con sus compromisos de exportación, en medio de la reticencia de los productores a vender a precios que consideran bajos.

Pero también obedece a una preocupación en torno a lo que puede hacer el Ejecutivo para intentar sostener el régimen de retenciones actual.

Los operadores no descartan que el Gobierno anuncie, antes del 24/08 (cuando vencen las facultades delegadas por el Congreso), una segmentación que beneficie a pequeños productores y divida el frente agropecuario.

Sería una repetición de la estrategia de anticipar el veto a cualquier ley de aplicación del 82% móvil para las jubilaciones a la vez que se anuncia una suba récord de los pagos a los pasivos.

Al igual que en ese caso, en el que los anuncios debían presentarse sí o sí antes de setiembre, cuando debía aplicarse el 2do. incremento anual a los jubilados y pensionados; en el caso de las retenciones, también hay una fecha límite: el 24 de agosto.

Carlos Burgueño escribió en el diario Ámbito Financiero:

"El Gobierno prepara, por ahora en secreto, un nuevo decreto reglamentario que cambiaría en parte el esquema actual de retenciones a las exportaciones primarias, y que se presentaría en sociedad antes del 24 de agosto.

Si bien por ahora no hay decisión tomada desde Olivos, técnicos del Ministerio de Economía estudian la posibilidad de reducir al mínimo la presión, o directamente eliminar, el tributo para las exportaciones de maíz, trigo y girasol; y una posible segmentación para los productores medios y chicos de soja.

Eventualmente, esta última ayuda estaría implementada a partir de un subsidio indirecto, dejando para el futuro el marco de análisis de una reducción concreta en las retenciones a la oleaginosa; algo que, a esta altura de la administración Kirchner, es ideológicamente inadmisible.

Para el Gobierno, una reducción en la presión impositiva de este tipo no sería una pérdida económica importante. El costo fiscal de la eliminación de las retenciones al maíz, trigo y girasol sería en realidad mínimo (no superaría los US$ 500 millones anuales), mientras que en el caso de la soja se piensa en rebajar la presión en un monto similar.  

Desde Olivos se optará por avanzar en este tema de la misma manera que se hizo, a juicio del oficialismo con eficacia, en temas como la Asignación Universal por Hijo y el 82% móvil para las jubilaciones mínimas. Esto es señalar la supuesta irresponsabilidad de los dirigentes opositores al avanzar en temas que apunten a la reducción de los recursos fiscales o un aumento en los gastos previsionales o corrientes; pero preparar hacia la sociedad medidas que apunten a tomar esas banderas, pero con pérdidas de recursos y aumentos de erogaciones sensiblemente menores. Y, obviamente, con toda la ganancia política para el Gobierno. (...)

El Ministerio de Agricultura informó que amplió los beneficios de la línea de créditos a tasa subsidiada del Banco Nación (BNA) destinada al sector lácteo, según indicó hoy un comunicado oficial.

Por un lado, se elevó el monto máximo de financiamiento a solicitar, que en el caso de las Pymes lácteas pasará de 300.000 a 500.000 pesos. Para productores tamberos, el cambio es de 100.000 a 300.000 pesos.

Para acceder al crédito los productores tamberos podrán ahora dar como garantía sus propias vacas de tambo. En este sentido, el Banco Nación aceptará que las operaciones puedan realizarse sobre vaquillonas o vacas de no más de cuatro años, con excepción de reproductores machos, en operaciones cuyo plazo sea de hasta 3 años.

“Este cambio permite valorizar el capital productivo de los tamberos, ya que antes la garantía debía hacerse sobre las tierras”, explicaron desde la Subsecretaría de Lechería.

Los productores lecheros podrán solicitar créditos para adquirir tractores más grandes y con más potencia, ya que se permitirá adquirir máquinas de hasta 120 hp (antes el máximo era 100 hp).

Cabe destacar que la línea de financiamiento para el sector lechero fue anunciada a mediados de mayo de este año, y cuenta con un fondo de 500 millones de pesos. Está destinada a productores tamberos y Pymes lácteas. Tiene una tasa nominal de interés del 8% anual durante los primeros 5 años (6 puntos son subsidiados por el Ministerio de Agricultura de la Nación).

Como no podía ser de otra manera, la durísima interna que mantienen algunos sectores de la dirigencia del campo se metió de lleno en el debate sobre retenciones agrícolas que se realizó esta mañana en la sede porteña de Sociedad Rural Argentina (SRA).

Es que, todo el público presente en el auditorio del pabellón rojo estaba aguardando que, tal como adelantó ayer La Política Online, los productores nucleados en CARBAP cumplan su promesa de “escarchar” a los de Federación Agraria Argentina (FAA).

Y, silenciosamente, ese momento llegó. Antes de comenzar el debate que se realizó ante unas 550 personas entre periodistas, legisladores y productores, alguien se encargó de colocar silenciosamente un cartel que decía: “Campo unido o segmentado”.

Si bien nadie lo advirtió en el momento que fue puesto, una vez que comenzaron a transcurrir los discursos de los diputados, el comentario en la sala era infaltable: ¿viste ese cartel?, se preguntaban los presentes. Minutos después, y hábiles de reflejos, los organizadores del debate mandaron inmediatamente a sacarlo del lugar.

En tanto, la ausencia del presidente de FAA Eduardo Buzzi resultó más que notoria en el debate. Si bien estaban presentes las segundas líneas de la entidad federada (Julio Currás y Omar Barchetta) y los diputados Pablo Orsolini y Ulises Forte, Buzzi decidió ausentarse por razones desconocidas.

Esto, según dijeron algunas fuentes del sector, se trata de una muestra más de la creciente desunión existente entre los dirigentes del campo. El presidente de CONINAGRO, Carlos Garetto, tampoco fue porque se está de vacaciones en Europa.

“Si Buzzi se entera lo del cartel, se pudre todo”, señalan fuentes de FAA a este medio. Es que los ánimos entre CARBAP y la entidad federada llegaron a un límite máximo luego de que saliera a la luz una cadena de mails donde los primeros se convocaban a “escarchar” a La Rural a los segundos.

Así las cosas, los únicos dirigentes rurales de primera línea que asistieron fueron los inseparables Hugo Biolcati y Mario Llambías, que se sentaron juntos frente al grupo de diputados y senadores que expusieron con la moderación de Joaquín Morales Solá.

Los discursos

En la mesa estuvieron los legisladores Adolfo Rodríguez Saá, Elisa Carrió, Gerardo Morales, Oscar Aguad, Ricardo Buryaile, Felipe Solá, Josefina Meabe de Mathó, Federico Pinedo, Alfredo Olmedo, Patricia Bullrich y Margarita Stolbizer.

Desde los distintos bloques de la oposición se ratificó la necesidad de recuperar las facultades delegadas en el Poder Ejecutivo (algo que se concretaría el 24 de agosto próximo). En este sentido, también hubo un compromiso tomado para acordar una política de retenciones al campo.

El discurso más duro, como era previsible, vino cuando le llegó el turno a Carrió. La diputada del Acuerdo Cívico y Social criticó duramente la idea de segmentar las retenciones y dijo que exigirá que los que lo impulsen se hagan responsables por escrito.

“En esto nosotros vamos a apoyar el consenso, pero vamos a decir que lo hacemos obligados porque el problema aquí es la traición y la dignidad. Si no devuelven la plata de los planes de maíz y trigo en año electoral, cómo van a devolver lo otro”, dijo Lilita.

“Mientras eliminen las retenciones (al trigo, maíz y girasol) vamos a consensuar el resto, pero no nos vamos a hacer responsables, vamos a ir con la disidencia hasta el final y yo quiero que firmen los que se van a hacer cargo de la devolución”, apuntó. “No quiero alterar el mercado, favorecer la evasión impositiva, y además que no le devuelvan la plata a los pequeños productores”, agregó la diputada.

Diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) presentaron un nuevo proyecto sobre retenciones en el cual proponen eliminar la totalidad de las retenciones para todos los productos agropecuarios con excepción de la soja, donde el impuesto se seguiría aplicando con alícuotas decrecientes hasta ser eliminado de manera completa en 2017.

La novedad es que la propuesta establece que la alícuota aplicable en soja (30% en la presente campaña) sería deducible del impuesto a las Ganancias con escalas que van del 6% al 12% en función del tamaño de la explotación agropecuaria (medido a partir de la facturación generada por la comercialización de soja).

El proyecto lleva la firma de los diputados radicales Juan Casañas, Ricardo Buryaile, Lucio Aspiazu, Jorge Chemes y Eduardo Kenny. También es apoyado por José Arbo del Partido Liberal de Corrientes y Gustavo Ferrari del Peronismo Federal.

"Este proyecto es similar al proyecto que impulsa gran parte de la Coalición Cívica, por lo que creemos que se podría llegar a un acuerdo con ellos", indicó Jorge Chemes (UCR; Entre Ríos).

"Hasta el momento la única diferencia que existe es con los legisladores del Socialismo y aquellos que responden a la Federación Agraria (FAA), que siguen insistiendo con la segmentación", añadió.

En referencia a la deducción variable de Ganancias de la retención aplicable en soja, Chemes dijo que "nuestro proyecto, si bien no habla se segmentación de manera explícita, incorpora el tema al establecer una diferencia entre pequeños y mediados productores de aquellos que no lo son".

El proyecto considera que un pequeño y mediano productor es aquel que genera ventas anuales de soja por un volumen de hasta 3,04 y de hasta 18,2 millones de pesos (sin IVA).

Asimismo, remarcó que de aprobarse este proyecto, el Estado tampoco se desfinanciaría porque aumentaría del mismo modo el pago de impuestos nacionales, por parte de los productores.

"Veremos de qué manera continúan las negociaciones en el ámbito de la Comisión de Agricultura (de Diputados), porque tenemos todas las intenciones de llegar a un acuerdo que implique también el apoyo de Federación Agraria", añadió Chemes. "Es el proyecto más amplio que hemos podido realizar y creemos que será apoyado por la mayoría", finalizó el diputado.

Las retenciones a la soja será el tema de debate mañana en la muestra de la Sociedad Rural argentina, en una mesa donde estarán presentes las entidades del campo e importantes dirigentes políticos, como Elisa Carrió, Felipe Solá, Adolfo Rodríguez Saá, entre otros y el constitucionalista Daniel Sabsay.

 El panel promete ser protagonista de una jornada intensa, en virtud de las importantes diferencias sobre la temática, amén de la posible presencia de “autoconvocados” que se manifestarán para criticar las posturas de la Federación Agraria y la Sociedad Rural.

 Al respecto, Eduardo Buzzi habló al arribar a la muestra de Palermo y afirmó que la retención a la exportación de soja debe ser cero para productores de hasta mil toneladas y consignó que la entidad "no ha visto ninguna situación hostil que haga que desaparezca la Mesa de Enlace". Buzzi precisó que “bajar la retención de soja a (una alícuota de) un 25 por ciento, significa unos 8.300 millones de pesos menos para el fisco, de los cuales 6.300 millones quedán para unos 5.000 (grandes) productores y otros 1.700 millones de pesos para 80 mil productores", afirmó.

 Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati, analizó que "sería inadmisible" que se extendiera el período de facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo que lo habilita a fijar las alícuotas de retenciones a las exportaciones.

 Biolcati reiteró que la relación entre el campo y el gobierno "es nula" y dijo que la entidad que conduce quiere que vuelvan a cero "ya" las alícuotas para maíz, trigo, girasol y acepta segmentarlas en el caso de la soja, a diferencia de la Federación Agraria Argentina.

 "A lo mejor, Buzzi acepta que haya algunas retenciones en trigo, maíz. Nosotros no. Creemos que trigo, maíz, sorgo, girasol, economías regionales, y carne, tienen que ir a cero, y la segmentación tiene que ir en la soja que permanecerá con una retención remanente cuatro o cinco años, a medida que se vaya disminuyendo", aclaró Biolcati.

Mañana a las 10 de la mañana se realizará, en el Auditorio Principal del Pabellón Rojo de la Exposición Rural de Palermo, un debate con la participación del constitucionalista Daniel Sabsay, la presidente de la Comisión de Agricultura de Senadores, Josefina Meabe de Mathó; el titular de la Comisión de Agricultura de Diputados, Ricardo Buryaile; los presidentes de bloque María Eugenia Estensoro, Adolfo Rodríguez Saa, Juan Carlos Romero, Luis Juez y Rubén Giustiniani, Elisa Carrió, Oscar Aguad, Margarita Stolbizer, Mónica Fein, Gerardo Morales, Federico Pinedo y Felipe Solá.

Antes de la reunión de la Comisión de Enlace, que se congregará el próximo martes, el constitucionalista Daniel Sabsay, advirtió que si el Congreso de la Nación no se expide acerca de las retenciones, el 24 de agosto próximo, día en que vencen las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, los gravámenes a las exportaciones vuelven a cero.

"Si el Congreso no resuelve lo contrario, el 24 de agosto próximo, las retenciones vuelven a cero", declaró hoy Sabsay en el programa Hombres de Campo por Radio La Red, AM 910.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati, consideró que "sería inadmisible" que se extendiera el período de facultades delegadas al Ejecutivo, que lo habilita a fijar las alícuotas de las retenciones a las exportaciones, e insistió en que la relación entre el campo y el Gobierno "es nula".

Asimismo, admitió que existen disidencias dentro de la Comisión de Enlace en torno al nivel de las retenciones.

En diálogo con radio La Red, explicó que la Sociedad Rural quiere que vuelvan a cero "ya" las alícuotas para el maíz, trigo y girasol, y acepta segmentarlas en el caso de la soja, mientras que la Federación Agraria Argentina "no dice muy claramente si quiere retenciones cero hoy o no".

Biolcati reiteró también que la relación entre el campo y el gobierno "sigue siendo inexistente", aseveró que las medidas del gobierno destinadas al sector "han ido empeorando", aunque destacó que "hubo un cambio de actitud" porque "ya no lo agreden de palabra".

A su vez, Biolcati afirmó que la situación económica del campo es mucho "peor" que hace dos años atrás cuando estalló el conflicto con el gobierno por las retenciones a las exportaciones de soja. "Los precios internacionales eran muchos mejores que ahora, y no habíamos experimentado la terrible sequía del año pasado", justificó.

Invitación.

Por otro lado, ratificó que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al igual que otros funcionarios, fueron invitados a la inauguración oficial de la Exposición Rural, pero que todavía no obtuvieron respuesta. "Yo no creo que la Presidenta venga. No parece estar dentro del panorama actual", especuló, aunque juzgó que si la mandataria asistiera "sería que hay una decisión de cambiar la política agropecuaria, de cambiar la relación con el campo".

Reunión.

El próximo martes 27 de julio las máximas autoridades de la Comisión de Enlace participarán, en plena Exposición Rural de Palermo, junto con productores de diferentes regiones del país y legisladores nacionales, de una reunión para analizar el futuro de los derechos de exportación, en el Auditorio Principal del Pabellón