El cierre de las listas de candidatos para las próximas elecciones legislativas de junio dejó un sabor agridulce.

Mientras en Santa Fe, ninguno de los partidos políticos lleva a productores en su nómina de candidatos, en Entre Ríos, la lista del partido Acuerdo Cívico y Social, partido opositor al actual gobernador Sergio Urribarri, tiene en su podio a tres actores agropecuarios.

Algunos dirigentes pudieron posicionarse en los primeros lugares de las nóminas de los partidos opositores en su intento de acceder a cargos legislativos nacionales para defender al campo.

Entre los más mediáticos lograron ese objetivo: el vicepresidente 1° de FAA, Pablo Orsolini, es el primer candidato a diputado nacional por la opositora Alianza Frente Para Todos, de Chaco; Ulises Forte, vicepresidente 3° de la entidad dirigida por Eduardo Buzzi, irá como candidato a diputado nacional por La Pampa en la lista de la Unión Cívica Radical; y Ricardo Buryaile, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), está al tope de la lista de candidatos a diputados por Formosa.

Claro que no son los únicos. En Entre Ríos, por ejemplo, la lista de Acuerdo Cívico y Social está integrada por Atilio Benedetti, ex de la Bolsa de Cereales; Hilda Re, presidenta de la Sociedad Rural de Diamante (Entre Ríos); y, en tercer lugar, por el presidente de la Federación de Asociaciones Rurales, Jorge Chemes.

En Corrientes, el ex presidente de la SRA de Curuzú Cuatiá, Bernardo Azpiazú, es el primer postulante en la nómina de la alianza "Encuentro por Corrientes".

En Córdoba, la presidenta de la Sociedad Rural de Río Cuarto, Estela Garnero, fue elegida por el actual gobernador Juan Schiaretti para ocupar el segundo puesto como candidata a diputada nacional en la lista del PJ cordobés.

Clara Raspo, ex presidenta de la Sociedad Rural de Laboulaye, se postula en el sexto lugar en la lista de candidatos a diputados por la UCR. Puertas adentro en la provincia de Buenos Aires, Jorge Solmi, director de la FAA, y Jorge Srodek, de Carbap, se presentan como candidatos a diputados provinciales por Unión Pro; e Ignacio Azcueta, a senador provincial por ese espacio.

En Santa Fe, Hermes Binner, Carlos Reutemann y Agustín Rossi no incorporaron en sus listas a productores.

En cuanto a las entidades, sólo la FAA tendrá una fuerte participación en las próximas elecciones legislativas. En total, 87 federados se están candidateando como legisladores, concejales o jefes comunales.

Así, se espera que el Parlamento nacional, y también los provinciales, haga hincapié, en mayor medida, en los proyecto de la FAA, durante los próximos periodos legislativos.

Los frentes que integra la UCR en La Pampa, Chaco y Formosa lleva como candidatos en primer término para diputados nacionales a los vicepresidentes de dos entidades rurales: Ulises Forte y Pablo Orsolini de Federación Agraria Argentina y Ricardo Buryaile de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) .

El vicepresidente segundo de FAA, Orsolini (socialista), confirmó la candidatura en primer término a legislador nacional por Chaco de la Alianza que lidera el ex gobernador de la provincia, el radical Ángel Rozas.

De este modo se sumó a las candidaturas que inició el vice segundo de FAA, Ulises Forte (UCR) en La Pampa, al que le siguió, en Formosa, Ricardo Buryaile, vice de CRA que fue postulado por ser dirigente rural.

En Entre Ríos, los tres primeros candidatos de la UCR también son productores agropecuarios en el Frente Cívico: el titular de la Federación de Asociaciones Rurales (Farer) Jorge Chemes, ocupará el tercer lugar en el Frente Cívico mientras que Atilio Benedetti (UCR)estará en primer término seguido de Hilma Re, presidenta de la Sociedad Rural de Diamante.

El ex presidente de la Sociedad Rural correntina de Curuzú Cuatiá Lucio Bernardo Aspiazú, y respaldado por el líder de la FAA de Entre Ríos, Alfredo De Angeli, es el primer candidato a diputado nacional de esta provincia en la Alianza "Encuentro por Corrientes" que integran la UCR, Coalición Cívica y el ARI.

En esa lista, el candidato a senador nacional es Nito Artaza y está liderada por el ex gobernador correntino que se volvió a postular este año, Ricardo Colombi.
Laura Fernández Cagnone, una activa militante entre los productores autoconvocados de Chivilcoy es la candidata ruralista del Acuerdo Cívico por Buenos Aires, a diputada nacional.

Pilar Rapso, ex titular de la Sociedad Rural de Laboulaye es candidata a diputada nacional por Córdoba desde la Unión Cívica Radical.
Córdoba y demás.

El peronismo cordobés confirmó la integración de las listas de candidatos para diputados nacionales que encabezará el legislador Francisco Fortuna, seguido de la dirigente de Federación Agraria Elena Garnero.
En Tucumán la UCR y el partido Socialista se unieron con Ciudadanos Independientes, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y dirigentes como Rafael Sánchez, ligado a la Federación Agraria Argentina.

Sánchez ocupará uno de los primeros lugares como candidato a diputado nacional y también está impulsado por Alfredo De Angeli.

Mientras que el vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, (Carbap) Jorge Srodek, competiría en el primer puesto como diputado provincial en la sexta sección electoral, una de las más grandes de la provincia de Buenos Aires en el sur bonaerense, por el PJ disidente.
También el director de la Comisión de Semillas de la FAA, Jorge Solmi, de Pergamino, entrará en la disputa provincial bonarense como candidato a diputado por la segunda sección desde Unión-PRO.

El vicepresidente tercero de Carbap, Ignacio Azcueta, es candidato a senador provincial bonarense por la Unión PRO. Ex presidente de la Sociedad Rural de Pehuajó, nunca
participó en política.

Un director de la Sociedad Rural Argentina, Arturo Llavallol, es candidato a legislador porteño por la agrupación "Otro País es Posible" que motorizan los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá: irá en segundo término luego de Jorge Pereyra Olazábal, ex secretario de Comercio, y de la ex diputada nacional Fernanda Ferrero.

Todos planean recorrer cada rincón del territorio donde serán electos, según pudo saber Primicias Rurales.
Orsolini que es socialista estará secundado por Alicia Terada que tampoco es radical.

El proyecto habla de "prohibir la aplicación mediante aspersión aérea (fumigar con avionetas) de plaguicidas sintético químico". Pero además prohíbe específicamente la aplicación mediante cualquier método, del herbicida glifosato en los nombres comerciales en que se presente, a partir de transcurridos y cumplidos veinticuatro (24) meses desde la fecha de sanción de la ley.

"Hicimos un estudio de salud y legislación y resulta que en Alemania lo prohibieron y en la Argentina es libre, tal vez por presiones de quienes ganan plata a costa de cualquier cosa", sostuvo la diputada Claudia Saldaña (PJ), autora del proyecto.

Por caso se tomaron denuncias del médico Rodolfo Peramo, de Malabrigo, acerca de la relación entre el herbicida y la salud. En esa localidad, afirma la diputada y se consigna en el proyecto, hubo casos de nacimientos de 12 niños con malformaciones en el término de un año. Y lo "llamativo eran anancefalia y meliomeningocele e hidrocefalia", afirmó Saldaña.

La legisladora espera que la oposición y el Ejecutivo apoyen su iniciativa, que acompaña en su totalidad el bloque del Frente para la Victoria. "Hay sectores que lamentablemente trabajan contra los intereses de la gente, no es sólo el campo el perjudicado, cuando la soja llega a puerto también se desprende toxicidad. Esperemos que sea una ley sancionada rápidamente", se entusiasmó.

En números, y siempre según los datos que muestra la autora del proyecto, la evolución de la soja fue abrupta: en 1974 había 370 mil hectáreas sembradas en la Argentina; en 1979 eran 2,1 millones; en 1989, 5,1 millones; en 1999, 8,8 millones, y ahora ya llegaron a las 17 millones de hectáreas.

"En la Argentina entró el glifosato, que es utilizado desde la misma época de la aparición de la semilla trangénica y hubo muchos problemas", reseñó Saldaña.

En el proyecto se establece que la provincia, a través de sus organismos, arbitrará las medidas de control necesarias para evitar la producción, importación, acumulación, comercialización y utilización del glifosato, y quienes infrinjan esto tendrán una sanción de 5 mil hasta un millón de pesos, decomiso de los productos y de las producciones agrícolas obtenidas con utilización del herbicida.

La Federación de Acopiadores de granos solicitó al gobierno nacional que libere las exportaciones de trigo y elimine la retención vigente sobre el cereal para evitar un fracaso productivo sin precedentes en 2009/10.

“Virtualmente sin costo fiscal para este ejercicio, el gobierno tiene la oportunidad de cambiar la tendencia y la crisis” presente en el sector triguero, indica un comunicado denominado “Declaración de Mar del Plata”, en referencia a la ciudad en la cual se llevará a cabo esta semana el evento “A Todo Trigo”.

Con la eliminación de retenciones y el restablecimiento de reglas de juego claras “es posible recuperar la confianza y lograr una respuesta inmediata en inversión para ampliar la intención de siembra y recuperar la producción” de trigo, expresa el comunicado. “Se constituye en un problema moral que nuestro país renuncie al rol de proveedor seguro de alimentos”, añade.

“En los hechos la combinación de restricciones cuantitativas a la exportación y el desacoplamiento de los precios, perjudicó básicamente a los productores, produjo el formidable e histórico desaliento a la producción y nos pone en el futuro en la eventualidad de tener que importarlo”, indica la declaración de la Federación de Acopiadores.

“La primera definición necesaria es si debemos producir sólo para asegurar el abastecimiento interno o para ser protagonistas, con todo nuestro potencial, del mercado internacional. Para la segunda alternativa es imprescindible que el productor sepa que va a tener acceso al precio internacional, sin restricciones físicas ni burocráticas a la exportación”, afirma la entidad.

La declaración además sostiene que el abastecimiento de los sectores carenciados debería asegurarse con subsidios explícitos dirigidos a la demanda y que el estímulo al incremento de valor agregado tendría que materializase por vías que no sean el castigo a los productores.

“Nadie puede pensar en el desarrollo de algún eslabón de nuestra Cadena Agroindustrial a expensas de quienes generan la materia prima en la que ella se apoya, e incorporan un elevado valor agregado en ciencia y tecnología. Es función del Estado impedir disfunciones en los mercados, tales como posiciones dominantes o acciones artificialmente concentradoras y limitantes del juego de oferta y demanda”, señala el comunicado.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó, de manera preliminar, que en 2009/10 se sembrarían a nivel nacional 3,70 millones de hectáreas, una de las superficies más bajas de los últimos cien años.

Los productores están de duelo. Están velando, a su modo, el fin de una campaña que no podrán olvidar. No hay vueltas: los rindes no han sido suficientes para cubrir los costos; el pago de las cuentas se torna una carga pesada; hay descapitalización y falta de recursos para volver a sembrar, y están los productores que ven cómo crece la amenaza de desaparecer de la actividad. Por si fuera poco, impiadosa, la sequía está de vuelta y complica todo.

Rojas es una de las ciudades que representan, en el norte bonaerense, el corazón agrícola de la Argentina. De tierras muy buenas, rindes altos en soja y maíz y cosechas normalmente seguras. Pero esa no es la postal ahora: tras la sequía, la soja llegó a rendir un 60% menos y el maíz produjo la mitad. Encima, aquí dicen que harían falta unos 100 milímetros para poder sembrar trigo, aunque pocos lo quieren hacer por las trabas del Gobierno para exportar.

El golpe ha sido fuerte para los contratistas, una figura que se dedica a prestar servicios agrícolas recorriendo casi todo el país y es responsable del 65% de la siembra y el 75% de la cosecha de granos. Según datos de la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (Facma), tienen una disminución del 50% en sus ingresos. Actores clave en la compra de maquinaria agrícola, con más del 70%, poseen US$ 300 millones en endeudamiento por créditos tomados en 2007 que deben terminar de pagar. Por eso, entre otros bancos, desde Facma ya hablaron con directivos del Nación para que sus gerentes en cada ciudad busquen una solución conjunta con cada contratista.

"Vamos a tratar de cumplir con lo que se debe", avisa Jorge Zunino, un vecino de Rojas que cumple una doble función: es productor y contratista. Alquiló 750 hectáreas, de las cuales sembró 650 con soja y el resto, con maíz. Tuvo un juego de suma cero. Cosechando un promedio de 1800 kilos por hectárea, con casos de un lote de 1000 kilos, en soja terminó perdiendo plata porque debería haber obtenido más de 3700 kilos para cubrir los costos de producción y el alquiler del campo. "En soja tengo una pérdida de entre 400 y 450 dólares por hectárea", afirma. Traducida al total de las hectáreas implantadas con soja, la pérdida de Zunino supera los US$ 200.000.

Otro ejemplo: un productor que esta campaña invirtió US$ 129.719 en la implantación, alquiler de la tierra (US$ 500 por hectárea) y gastos directos en 210 hectáreas (para soja, trigo y maíz), ahora cierra la cosecha perdiendo el 65% de su capital de siembra. Zunino se lamentó: "Estoy sin dinero para volver a alquilar los campos".

En otras zonas, hay contratistas que directamente ya han optado por vender un bien. Es el caso de Carina Raviol, de la zona de San Salvador, Entre Ríos, que vendió una camioneta Chevrolet S10 2007 para saldar una cuota de $ 52.000 de una pulverizadora autopropulsada. "Tuve que vender algo que usaba para trabajar", señaló Raviol.

Osvaldo Torres tampoco tiene consuelo. Socio de Zunino en cuatro cosechadoras en Rojas, por la sequía y la crisis bajó bruscamente la tarifa que cobraba por su servicio. De unos $ 220 por hectárea se pasó a un nivel de 140. "Con eso no salís hecho", dijo.

"Este año no se puede hacer nada", agrega. Junto a Zunino había hecho un boleto para comprar una cosechadora de unos US$ 300.000, pagando la mitad con la entrega de una usada propia, pero al final desistió de la operación.

Deuda con el suegro
Juan Manuel Becerro, un pequeño productor de Rojas, contó el drama de la sequía desde otro costado. Con 90 hectáreas alquiladas a su suegro, trató de cubrir el pago de los insumos, pero le quedó debiendo $ 50.000. "No le va a quedar otra a mi suegro; me tiene que refinanciar", contó. Y no tiene recursos después de la sequía. "Este año, por ejemplo, no puedo hacer trigo; necesitaría endeudarme para sembrar", indicó.

Después de una campaña con rindes malos, Aroldo Rubio, otro productor, relató que cree que este año necesitaría financiar gran parte de la compra de los insumos. "Es un año ajustado; antes como mucho financiaba el 30/40 por ciento de los insumos", dijo.

Según Néstor Roulet, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), en el país más del 60% de los productores sacaron insumos contra la cosecha y ahora, por la sequía y los bajos rindes, están con el problema para pagarlos.

Un grupo de representantes de la Federación Agraria de Entre Ríos finalmente logró entregar hoy un petitorio a Cristina Fernández de Kirchner durante la vista que la presidenta realizó en la ciudad de Paraná.

Si bien en principio los dirigentes entrerrianos, encabezados por Alfredo De Angeli, esperaban ser recibidos en una audiencia por la mandataria, eso no se pudo concretar. Sin embargo, al menos pudieron entregar a la presidenta un petitorio.

Según relató el secretario gremial de la entidad, Alfredo Bell, en el documento entregado consta “la situación de emergencia del sector y la falta de voluntad concreta para modificar esta realidad".

“Esperemos tener soluciones, lo hicimos con toda la voluntad de ser escuchados”, puntualizó Bell. El texto entregado a la presidenta dice textualmente lo siguiente:

Sra. Presidenta de la Nación

Dra. Cristina F. de Kirchner

"En representación de los pequeños y medianos productores agropecuarios entrerrianos aprovechamos su presencia en Entre Ríos para reiterarle la voluntad de seguir trabajando y viviendo en el campo".

"Deseamos expresarle que la política económica implementada desde el Gobierno Nacional ha perjudicado al grueso de los productores, pero en especial a los más chicos, como consecuencia de la pérdida de la rentabilidad".

"Que todos los acuerdos sectoriales firmados (leche, carne, trigo, etc.) no le llegan al pequeño y mediano productor, y han beneficiados sólo a los sectores más concentrados de cada una de las cadenas, sin que tampoco tenga un impacto positivo en los consumidores".

"La falta de repuestas contundentes a los productores afectados por el Desastre Agropecuario en nuestra Provincia por la sequía, que sólo han recibido aportes ínfimos para la magnitud de las perdidas, en donde incluso los decretos provinciales no han sido homologados por el Gobierno Nacional, aumenta la angustia de miles de familias que se debaten en la desesperación por la falta de recursos y perspectivas".

"En este marco solicitamos se restablezca el diálogo, pero con voluntad política de lograr sostener al productor en el campo, y de esta manera revitalizar a los pueblos del interior, hoy condenados a la expulsión hacia las concentraciones urbanas que sólo generan miseria y clientelismo político". 

Lo que los ruralistas habían negado, finalmente sucedió. Un grupo de manifestantes agrarios encabezados por Alfredo De Angeli complicó la llegada de la presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, a la ciudad de Paraná.

Sucede que los manifestantes se apostaron en las puertas de la Base Aérea de la ciudad capital y al enterarse, o podría decirse al ser arengados por De Angeli, contando que “no nos van a recibir” y luego al grito de "viva la patria", avanzaron sobre los controles policiales en una carrera alocada que los depositó en la mismísima pista de aterrizaje cuando Cristina bajaba las escaleras del avión.

A puro cántico, y no precisamente de apoyo, la presidenta pisó suelo entrerriano. Posiblemente para evitar males mayores, se subió a una camioneta, sonriente y saludando a funcionarios y periodistas y partió rumbo a una fábrica en el Parque Industrial.

A unos cien metros se quedaron los ruralistas, quienes no sabían si ir a copar un helicóptero presente en la pista o salir corriendo, como finalmente hicieron, hacia las puertas del edificio de las Fuerzas Armadas, donde se quedaron hablando de lo sucedido.

El que llegó
Quien logró sortear los controles y finalmente pudo decirle un par de palabras a la presidenta, fue el dirigente de la FAA, Alfredo Bel. "Es la sequía más grande de la historia, haga algo presidenta", logró decirle cara a cara el ruralista y le entregó la carta.

La recepción que tuvo el mercado de las nuevas medidas oficiales para “incentivar la siembra de trigo” fue doblemente adversar para el gobierno

En materia de negocios, en la Bolsa de Comercio de Rosario, los compradores del cereal se retiraron del mercado y no hubo negocios. Anteayer, había cotizado a $470.

Y en materia política, todos los analistas del sector coincidieron en que las medidas no ayudan a aumentar los precios y a promover así una mayor siembra frente a una cosecha que se presentará como la peor desde que se tengan registros.

En los archivos adjuntos podes ver varias opiniones muy críticas de Dante Romano (Fundación Libertad), que explica “que el acuerdo no impulsará los precios”; Santiago Cameron (Aapotrigo), que dice que “el anuncio es una aspirina para un enfermo de cáncer”; y Arturo Navarro (Consultores Agropecuarios), que sostiene que lo que se necesita es “una baja de retenciones y liberación de exportaciones”.

Pero un dato interesante es que el aporta Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), cuyo documento también esta adjuntado arriba a la derecha, ya que sostiene que, como las medidas no sirven para aumentar el precio, que sigue planchado a pedir de las exportación y la molinería (donde hay muchas fábricas en manos de grupos extranjeros), en realidad “se está entregando el comercio de trigo a un oligopolio exportador” en lo que define como “una rara asociación con el gobierno”.

“Las medidas se anuncian como la intención de incentivar la próxima siembra de trigo, cuando en realidad es un documento que sepulta cualquier expectativa de los productores para recibir el justo precio de su trabajo”, se queja CRA.

“El acuerdo no es creíble desde el mismo momento que se utiliza para determinar el precio pleno el valor que publica la SAGPyA ya notoriamente retrasado con respecto al mercado del trigo internacional, del que el país participa desde hace tres años solo en forma esporádica”, agregan.

Por su parte, el asesor económico de Coninagro Daniel Aseff, dijo que “sólo se está buscando garantizar una mínima porción del total de la producción y el resto va a seguir condicionado a un mercado intervenido y sin competencia”.

El economista de la entidad cooperativa agregó que “si sólo estamos garantizando el precio real (FAS teórico) de un millón de toneladas de las 8,0 millones en total que se esperan cosechar (en 2009/10), eso no es ningún incentivo de producción”.

En el mismo sentido, Ernesto Ambrosetti, jefe del Centro de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), aseguró que el acuerdo busca la formación de un "mercado virtual" minoritario ante la pérdida de competencia y transparencia generada por la intervención oficia.

El pueblito se llama La Gloria y ese nombre tan rimbombante, seguramente, no merece la fama que se ganó en los últimos meses. Dicen que de allí salió "la peste" que con el nombre de gripe porcina conmueve hoy al planeta.

En La Gloria, situada en el departamento de Perote, estado de Veracruz, dicen, la historia no es nueva.

La mitad de la población habría caído bajo los efectos de una extraña gripe -habría causado también la muerte de dos menores- que sólo se confirmó como proveniente del virus A (H1N1) cuando se le tomó una muestra de sangre a un chico de cuatro años y fue enviada a Canadá para ser analizada. El niño, Edgar Hernández, resultó ser el "caso 0" de la gripe porcina.

En La Gloria, sin embargo, los problemas de salud habrían empezado en 2005, coincidentemente con la instalación, a ocho kilómetros del lugar, de una planta de cría de cerdos de la firma Granjas Carroll de México, pero que el 50% de su capital está en manos de la empresa norteamericana Smithfield Foods Inc.

Los responsables de la empresa, donde se crían alrededor de 15.000 cerdos, señalan que, pese a que más de la mitad de los pobladores de La Gloria dicen haber tenido problemas respiratorios atribuidos a la contaminación por el depósito de residuos porcinos, ellos jamás tuvieron un empleado enfermo y que en las granjas no hay rastros de virus alguno.

Al parecer, gran parte de la población de La Gloria viaja a Ciudad de México para trabajar de lunes a viernes, lo que de confirmarse la teoría del inicio allí de la epidemia, explicaría la llegada del virus a esta ciudad donde hasta anoche se habían registrado trece muertos, pero el gobierno mexicano nada confirma sobre el particular.

En las últimas dos décadas aparecieron varias enfermedades en las piaras industriales, entre ellas el síndrome distrófico respiratorio y la reciente gripe porcina. Por otro lado, los conejos padecen enterocolitis y los pollos la enfermedad hemorrágica de Gunborow.

Se ha probado científicamente que las condiciones de crianza industrial de animales es la principal causa de la actual crisis generalizada.

El panel Pew Commission on Industrial Farm Animal Production (Comisión Pew sobre producción animal industrial) alertó en 2008 que las condiciones de cría y confinamiento de la producción industrial, sobre todo en cerdos, crean un ambiente perfecto para la recombinación de virus de distintas cepas, e incluso el peligro de recombinación de virus de la gripe aviar y la porcina que se transmiten a seres humanos.

En México, la transnacional Granjas Carroll en Veracruz, propiedad de Smithfield Foods, la mayor criadora de cerdos y procesamiento de productos porcinos en el mundo, podría ser la principal responsable de la virulenta epidemia actual.

Granjas Carroll no opera dentro de Estados Unidos porque fue sancionada por sus criaderos de cerdo contaminantes. La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del Congreso de México informó que esta empresa extrae agua indiscriminadamente para lavar residuos; sus áreas de eliminación de desechos no están lo bastante alejadas de las fuentes de agua; las lagunas de tratamiento no cuentan con geomembranas, filtros y fosas de tratamiento biológico; el aire donde opera presenta un aumento de amoniaco y otras sustancias.

Según la investigador Silvia Ribeiro, las empresas biotecnológicas y farmacéuticas que monopolizan las vacunas y los antivirales son las que más lucran con la epidemia. Los únicos antivirales aún efectivos contra el nuevo virus son propiedad de dos grandes empresas farmacéuticas: zanamivir, con nombre comercial Relenza, comercializado por GlaxoSmithKline, y oseltamivir, cuya marca comercial es Tamiflu, patentado por Roche.

La locomotora del consumo de carne vacuna en los hogares argentinos (familia tipo) pisó el freno. Según datos del Panel del Consumo, que viene monitoreando el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) junto con la empresa CCR, entre noviembre del año pasado y febrero de 2009, el consumo de este producto en el orden nacional se contrajo un 8 por ciento.

Con todo, según especialistas del Ipcva, frente a las fuertes caídas en las ventas de otros rubros, como automotores y electrodomésticos, la baja en el rubro carne no es alarmante, pese a que esto se dio cuando los precios de los cortes vacunos aumentaron en torno del 16 por ciento.

El dato de lo que ocurrió con la carne surge de una muestra de 1200 hogares de Capital Federal, Gran Buenos Aires (GBA) y el interior del país (se considera desde el Gran Córdoba hasta el Gran Rosario, entre otras zonas), y revela que el consumo mensual por hogar -el informe no considera el consumo fuera de la casa- en el nivel nacional pasó de 16,31 a 14,98 kilos, lo equivale a una baja del 8 por ciento. Eso sucedió en la comparación entre el período noviembre 2007-febrero 2008 y el período noviembre 2008-febrero 2009.

"La baja del consumo de carne está, pero tenemos un consumo estabilizado", señaló Miguel Jairala, responsable de la información económica y estadística producida por el Ipcva, un ente público de carácter no estatal. Otro dato relevante es que la merma se dio mientras aumentó el precio de la carne. En este sentido, según la muestra, el precio promedio por kilo pasó de 10,61 a 12,28 pesos, con un incremento del 16 por ciento.

Si bien el trabajo da cuenta de una merma del 8% a nivel país, en él se destaca que en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires hubo un comportamiento distinto respecto de lo que sucedió en el interior. En concreto, en el área metropolitana el consumo retrocedió un 14% en el primer bimestre de 2009 -respecto del mismo período del año pasado-, al caer de 16,51 a 14,23 kilos. Por el contrario, en el interior se dio una suba del 4 por ciento. Allí, el consumo de carne en el hogar trepó de 15,88 a 16,58 kilos.

Según comentaron Jairala y Adrián Bifaretti, jefe del departamento de Promoción Interna del Ipcva, la explicación de la reacción distinta en ambas regiones del país hay que buscarla en los precios. En rigor, en el interior se consolidó y convalidó antes la suba de precios, que luego habría seguido con cierta estabilidad. Pero hay más: según el trabajo, el valor promedio por kilo subió más en el interior. En rigor, aumentó un 17%, contra un 16% de Capital Federal y GBA.

Paralelamente, a tono con los mayores precios se observó un alza del gasto en carne por hogar. A nivel país se trató de un incremento del 6 por ciento, al subir de 173,03 a 184,08 pesos.

Respecto del lugar adonde se va a comprar este producto, los estudios con que cuenta el Ipcva muestran que las carnicerías continúan siendo el principal canal de comercialización minorista, según destacó Bifaretti. En este sentido, 7 de cada 10 personas manifestaron comprar carne en esos comercios.

El Panel del Consumo también da cuenta de que de los 25 kilos por mes totales de carnes que se consumen en un hogar promedio en Capital Federal y GBA, 14,23 kilos corresponden a carne vacuna, en tanto se comen 7,67 kilos de pollo y 2,4 kilos de cerdo.

Según el trabajo, en esta área geográfica el consumo mensual de pollo por hogar creció de 7,05 a 7,67 kilos. Esto es comparando el período julio/agosto 2008 con noviembre 2008/febrero 2009. "Desde la salida de la crisis del campo, el consumo de sustitutos, pollo principalmente, ha subido", se lee en el informe.

El trabajo del Ipcva se conoce en momentos en que varios especialistas advierten sobre el riesgo de desabastecimiento de carne por la crisis que atraviesa la ganadería, que ya lleva más de dos años de liquidación de vientres. Una entidad de perfil técnico, el Movimiento CREA, sostiene que hacia 2011 el país podría tener que importar carne para alimentar un consumo como el actual, de 70 kilos per cápita.

14,98 kg
Consumo mensual promedio

Cada familia demanda este volumen de carne. La cifra no incluye el consumo fuera del hogar.

$ 12,28
Precio promedio del kilo

El valor promedio del kilo de carne consumido en los hogares aumentó un 16% en un año.

16,58 kg
Consumo en el Interior

A diferencia de lo ocurrido en el área metropolitana, la demanda en el Interior creció un 4% en un año.

$ 184,08
Es el gasto mensual en carne

En el orden nacional, los hogares gastan esta cifra en su consumo de carne, un 6% más que hace un año.